«No habrá un silencio resignado»

José Montilla volvió ayer a la carga. El presidente de la Generalitat de Cataluña advirtió, esta vez en Madrid, de que no se quedará de brazos cruzados si la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 'Estatut' recorta sensiblemente las atribuciones de su comunidad autónoma. Acatará, sí, pero hará ruido. «Porque hay quien confunde acatamiento -dijo- con silencio resignado». En qué consiste su plan de acción sigue siendo un misterio. La declaración de intenciones, sin embargo, es rotunda: «No vamos a renunciar a nada de lo que el pueblo de Cataluña ha votado». Los avisos han dejado de causar conmoción en el PSOE. Ahora en Ferraz se defiende al también líder del PSC. La secretaria de Organización, Leire Pajín, aseguró ayer que su postura es «coincidente» con la dirección socialista y «absolutamente normal».

No es un vuelco gratuito. Montilla ha desistido de hacer algo que estaba incomodando al PSOE y ha atendido, en cierto modo, la petición de José Luis Rodríguez Zapatero, que, en la penúltima ejecutiva del partido, pidió comedimiento. El presidente del Gobierno reclamó que, si se hacen criticas, se apunte hacia el Partido Popular y no hacia el Constitucional. De este modo, quedaría preservada la institución que ocupa, según sus palabras, el «corazón de la democracia» y se evita que, de rebote, salga dañada la imagen del Ejecutivo central. Y en esa clave se movió el 'president' durante la conferencia organizada por el Foro Europa en un hotel madrileño.

Si hace dos domingos no tuvo ningún empacho en evidenciar la tirantez que, una vez más, se había apoderado de sus relaciones con Zapatero, y no dudó en ausentarse del reivindicativo mitin celebrado con todos los poderes fácticos socialistas en Madrid, ayer ocurrió lo contrario. En el desayuno-coloquio del dirigente catalán estuvieron presentes, entre otros, el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, y el presidente del partido y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves.

Frente a ellos, Montilla siguió las directrices del jefe del Ejecutivo y repasó los pasos dados por el primer partido de la oposición en su campaña contra el Estatuto catalán: desde la recogida de firmas para una consulta popular «completamente inviable», hasta la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, pasando por el «bloqueo, durante más de dos años», de la renovación del tribunal.

Así se exculpó de cualquier amenaza y alegó que si él habla de los riesgos de una sentencia desfavorable es porque en Cataluña se ha generado un «estado de ánimo colectivo» producto de un «recurso partidario», la dilación de los jueces y las filtraciones. «Mi posición y la de mi Gobierno ha sido la de confiar en el recto proceder del Tribunal Constitucional; pero se nos debería conceder que el cúmulo de anomalías que han rodeado y rodean la tramitación y la deliberación incita a levantar suspicacias de todo tipo», alegó.

En todo caso, lanzó un recado a los magistrados que estudian los siete recursos contra el 'Estatut' e instó a encontrar una fórmula que conjugue «el respeto por el Estado de Derecho con el respeto a la voluntad de autogobierno del pueblo de Cataluña y con la salvaguarda del pacto político alcanzado entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales». «Si le va mal a Cataluña -dijo- España se resentirá».

El PP denunció ayer la existencia de una «campaña de deslegitimación y descrédito» contra el Tribunal Constitucional, en referencia a las duras declaraciones de los partidos catalanes y del presidente de la Generalitat, José Montilla, y al editorial conjunto de doce periódicos de esa comunidad en defensa de la legalidad del 'Estatut', que ha suscitado la adhesión de múltiples organizaciones sociales e instituciones.

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, aseguró que «es una irresponsabilidad dudar de la legitimidad del Constitucional» y añadió que «los que dicen que el tribunal no puede evaluar a la luz de la Constitución un estatuto de autonomía desacreditan a este órgano, y eso es malo para el 'Estatut', para la Carta Magna y para los demás estatutos».

La número dos popular culpó al presidente del Gobierno de ser quien ha causado el problema, por el cheque en blanco que dio a los nacionalistas catalanes durante la elaboración del Estatuto, y también considera que es José Luis Rodríguez Zapatero quien alienta la campaña de descrédito con sus bandazos dialécticos y «presiones» sobre los trabajos del tribunal. Cospedal, en nombre del partido, exigió que «cesen ya las presiones sobre el Constitucional» porque «los órganos garantes e intérpretes de la Constitución tienen que cumplir con su función y hay que respetarlos».

«Contrarios a la ley»

Rechazó la responsabilidad de los populares en la crisis que ayer les volvió a atribuir Montilla, cuando les conminó a retirar el recurso para evitar la colisión de legitimidades en la revisión del 'Estatut'. La dirigente animó al presidente de la Generalitat a «asumir sus propias responsabilidades» en este asunto, sobre todo cuando utiliza «mensajes contrarios al cumplimiento de la ley».

Cospedal también culpó a Rodríguez Zapatero del retraso en la renovación de un tercio de los magistrados del Constitucional, rechazó que el PP bloquee los cambios y desmintió que el presidente del Gobierno haya citado a Mariano Rajoy para discutir este problema, pero terminó por reconocer que, pese a todo, debería ser el actual pleno del tribunal el que dicte la sentencia del 'Estatut'.

Las palabras de Cospedal fueron casi idénticas a las pronunciadas unos minutos antes por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, quien como el PP también recurrió ante el Constitucional la legalidad del Estatuto de Cataluña. Múgica calificó de «irresponsables» los ataques de partidos y medios de comunicación contra los magistrados.