Garzón investiga a la viuda de Pinochet y al Banco de Chile por blanquear 51 millones de euros

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha abierto un nuevo frente en la causa que hace once años comenzó contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por violar los derechos humanos. El magistrado investiga ahora a su viuda, Lucía Hiriart, a su abogado, Óscar Aitken, y a dos ejecutivos del Banco de Chile, Pablo Granifo y Hernan Donoso, por un supuesto delito de blanqueo de capitales en conexión con otro de alzamiento de bienes.

Garzón responsabiliza a los cuatro imputados por ocultar más de 51,4 millones de euros procedentes de las arcas públicas y de utilizar la banca estatal para acometer sus oscuras operaciones. Por ello, atribuye responsabilidad civil subsidiaria al Banco de Chile y a dos sociedades afines al organismo financiero: una banca de Bolsa y otra de gestión de fondos.

El magistrado impone a los inculpados el pago de una fianza similar al dinero blanqueado con objeto de indemnizar a las víctimas del régimen en caso de una sentencia condenatoria. Para ello, les concede diez días de margen para hacer frente a esta cuantía. De no hacerlo, procederá al embargo y bloqueo de dicha cantidad más un tercio, hasta alcanzar los 68,6 millones.

Comisión rogatoria

Garzón ya ha cursado una comisión rogatoria a las autoridades judiciales chilenas para interrogar allí a la viuda del ex dictador y al resto de imputados con el fin de incorporar más pruebas de cargo al proceso. La investigación deriva de la que comenzó en octubre de 1998 contra Augusto Pinochet y de su ampliación en 2005 por alzamiento de bienes. Ésta se archivó el año siguiente, cuando el Banco Riggs reveló que la familia del dictador poseía cuenta secretas en Miami y tuvo que pagar seis millones de euros a las víctimas para cerrar el asunto.

Sin embargo, en abril de 2007 se presentó una ampliación de la querella por parte de la Fundación Presidente Allende contra varios responsables del Banco de Chile, la viuda de Pinochet y su testaferro. El pasado verano Garzón recibió un informe de la policía antiblanqueo chilena en la que se determinaba la responsabilidad directa de los ahora inculpados. El escrito fue avalado por la fiscalía de la Audiencia Nacional. El candidato opositor a la presidencia de Chile, Sebastián Piñera, criticó la decisión de Garzón, aunque no valoró el fondo del asunto. Se limitó a cuestionar a un juez que «ha tenido muchos problemas y ha sido investigado», aseguró.