La sostenibilidad de lo insostenible, menuda tontería

La inconsistencia de lo sostenible, al final deviene en insostenible. La situación económica que padecemos en España es insostenible y lo es desde hace tiempo. La burbuja inmobiliaria hacia presagiar el gran fiasco. La crisis financiera la exacerbó hasta límites insospechados pero racionalmente previsibles. Pero, ¿dónde estaban y dónde están los responsables políticos, sindicales y la patronal? Supongo que como hoy que llueve, cogiendo setas en el monte. Viendo llover y viéndolas venir, las setas. Y mientras tanto, los ciudadanos, los trabajadores y los empresarios, mojándose, empapados y con la piel arrugada, como las pasas de corinto. Tan es así, que la cuarta preocupación de los españoles, según encuestas del CIS, es la desconfianza de los españoles respecto de las personas que dirigen los partidos políticos. Son los políticos actuales el cuarto problema español. Y mientras tanto crece la desconfianza en el Gobierno para superar la crisis. Lo que significa que lo que se ha hecho hasta ahora, incluido ese bodrio de «Ley de economía sostenible», no goza del beneplácito de la ciudadanía.

La clase política será relevante sólo sí es capaz de identificar los problemas económicos que nos acechan, definir las políticas adecuadas para mitigar sus devastadores efectos sobre el país en general y convertir sus propuestas en políticas adecuadas para su solución. Por eso se abre el debate de la inconveniencia de que los partidos elijan a sus candidatos. Son estos los que deben autoproclamarse y justificar sus aptitudes y competencias. Y con toda seguridad, los propios partidos se preocuparán de presentar a personas con bagaje intelectual y laboral contrastado en su vida profesional. Es decir, la política es la meta del que sirve los intereses colectivos. La política, como hasta la fecha, no puede ser para la inmensa mayoría de los que de ella viven un punto de partida en su andadura profesional, convirtiéndose de paso en profesionales de la misma. Entre otras cosas, porque su supervivencia en el engranaje construido por esta absurda partitocracia, no va a depender de nivel de formación y de su capacidad para afrontar los retos para la real solución de los problemas, sino de la obediencia debida al grupo en el que se inserta y de nada más. Así nos va.

Ese refrito de cosas que se anunció el viernes finalizado el Consejo de Ministros, producto de los e-mail enviados por los distintos ministros desde que así lo solicitara ZP el pasado agosto, no es más a fecha de hoy que la transmisión de intenciones que se someterán en un futuro a la consideración de un Anteproyecto de Ley. No es tal, porque el Gobierno no lo ha remitido a las Cortes para su tramitación. Y ello es así, porque la visionaria Dª. Elena aún tiene que presentar «sus ideas» a los siempre imprescindibles en el contexto económico, interlocutores sociales, para los que yo solicito sean incluido en el Anteproyecto y se dicte una norma en la que se recoja su cuota parte de la representación soberana del pueblo español y se normativice y regle su participación en las propuestas, tramitación y aprobación de cuantas normas se aprueben en el futuro.

Pero permítanme un inciso, la valoración de esa cuota parte de la soberanía popular que se le asigne, y por la que ya cobran de lo público con creces, debe suponer una minoración proporcional, valorable precisamente en esa misma cuota parte, del sueldo de sus señorías parlamentarios, los representantes elegidos directamente por el pueblo español, y que hacen ostentación permanente de dejación de la soberanía depositada por el pueblo español en las Cortes, al menos en las cuestiones atinentes a la economía en general y a la situación actual de crisis en particular. Sin embargo, los artículos 6 y 7 de la Constitución son meridianamente claros. Los partidos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, mientras que los sindicatos y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios. No dicen nada más.

Este proyecto de Anteproyecto, una vez sea aprobado, será algo parecido a las Leyes de Acompañamientos de los Presupuestos Generales del Estado que impulsó Aznar en sus dos legislaturas como presidente. Y la verdad, no era esa una forma transparente de legislar, tampoco lo es ahora. Todo había comenzado hace seis meses y en mítines domingueros, con la multitud a sus pies, cuando el secretario general, a la vez que presidente, dos en uno, auténtico producto para las rebajas, lanzaba a diestro y siniestro «menos ladrillos y más ordenadores» o «menos cemento y más conocimiento». Ahora, se refundirán en esa norma un vasto catálogo de medidas de buenas intenciones, pero nada más.

Porque, ¿cómo se puede apelar a la economía del conocimiento, con lo presupuestado en educación? O ¿cómo se puede basar el nuevo modelo que ahora se impulsa en la implantación de empresas tecnológicas, cuando se recorta ostensiblemente el presupuesto en I+D? Y ahora el 'sumun' de la poca vergüenza, ¿cómo se puede proponer el pago de las administraciones a sus proveedores en el plazo de treinta días, si hoy existe la obligación legal de pagar a los sesenta y la media de pago sobrepasa con creces los cuatrocientos día? Vivir para ver y ver para no creer en nada simplemente.