Obsesión pirata

El acuerdo escenificado por el PSOE, el PP y las dos grandes formaciones nacionalistas -CiU y PNV- para dar un respaldo común a la presidencia española de la UE constituye, a falta de apenas un mes para su inicio, el mínimo consenso esperable y la imprescindible garantía a fin de preservar el interés común y salvaguardar una cuestión de Estado como ésta de las disputas partidarias. La concertación de las principales fuerzas parlamentarias en torno a los objetivos del semestre debería actuar no sólo como una suerte de tregua en medio de la pugna política de la legislatura; también como catalizador para conferir un sólido contenido a la dirección por turno de la Unión que asumirá nuestro país y para implicar a la ciudadanía en lo que ello significa. España accederá a la presidencia europea en el momento que en que entra en vigor la nueva arquitectura institucional diseñada en el Tratado de Lisboa, tras un trabajoso proceso de ratificación; en el que la UE se enfrenta a las dudas e incertidumbres sobre su importancia real y el papel que quiere protagonizar en un mundo de relaciones y equilibrios cambiantes; y en el que el logro de la recuperación económica se perfila como un mandato insoslayable. Harían mal el presidente del Gobierno y los socialistas en concebir la distensión partidaria en torno al semestre español como una tentadora oportunidad para superar sus propias dificultades en la política interna, confiando en que las expectativas abiertas en la Unión sobre la salida de la crisis enmascaren los singulares problemas de nuestra economía. Especialmente porque José Luis Rodríguez Zapatero tiene ante sí el reto de dotar de credibilidad a su convicción de que la recuperación se consolidará bajo la presidencia española, cuando existe consenso en que a nosotros nos costará más remontar la crisis que a buena parte de los socios comunitarios. El Ejecutivo está obligado a conducirse con el máximo sentido institucional en un terreno que es el de todos y a proteger el consenso en la gestión del semestre europeo. Pero ello no exime a la oposición de su propia responsabilidad a la hora de afianzarlo.

El intento de asalto sufrido por el 'Ortube Berria' a 230 millas náuticas de las Islas Seychelles, repelido por los vigilantes privados a bordo, ha vuelto a demostrar tras el angustioso secuestro del 'Alakrana' lo frágiles que son el sosiego y la seguridad en las aguas sometidas al hostigamiento de los piratas. El fracaso de este nuevo ataque, después de que los corsarios dispararan contra el atunero y lo persiguieran sin descanso durante media hora, no sólo evidencia lo obvio, que es que los pesqueros que faenan en el Índico sólo pueden continuar haciéndolo bajo protección. Pone de manifiesto, sobre todo, que la desesperada codicia de la que se nutre la piratería no va a desistir de sus intenciones criminales aunque se tope con obstáculos sobrevenidos; y aunque tanto el despliegue de la Operación Atalanta como otras medidas aplicadas en paralelo puedan actuar como efectivas armas de disuasión. Convendría no olvidar esa obsesión delictiva a la hora de perfeccionar la respuesta internacional frente a un desafío que obliga a seguir reforzando las iniciativas de prevención y represión, pero siendo conscientes de que todo esfuerzo se quedará cojo si en la tierra firme de Somalia no se impone un orden mínimo que ayude a refrenar la impunidad pirata.