Acopio de medidas

La aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto para la llamada Ley de Economía Sostenible acabó ayer confirmando que el Gobierno perseguía integrar en una misma norma legal actuaciones de muy diversa naturaleza que contribuyan a la recuperación de la crisis. El contenido del anteproyecto es tan heterogéneo y desigual en cuanto a la relevancia de las distintas iniciativas que contempla que sólo sería admisible si su trámite parlamentario permite valorar cada uno de los artículos, sometiéndolos a enmiendas, transacciones y a su votación por separado. Pero junto a ello es imprescindible que, de aprobarse, el Gobierno dé cuenta de la eficacia de cada medida, renunciando a la facilidad que le supondrían las evaluaciones genéricas y evanescentes en torno a su aplicación. Es de suponer que la mayoría de las iniciativas contenidas en el anteproyecto contribuirán a una mejora de las condiciones en las que la economía española deberá afrontar su previsiblemente tardía reactivación. Más dudosa resulta la ventaja que supondrán algunos de los capítulos consignados en una ley tan profusamente publicitada. Aunque la preocupación se subraya especialmente al constatar que el anteproyecto no aborda un cambio sustantivo en el patrón de crecimiento que, necesariamente, deberá experimentarse en torno a una producción industrial innovada y competitiva. Ni los ajustes propuestos en el sector inmobiliario, ni siquiera el incremento de las deducciones por I+D+i, serán suficientes para acompañar ese cambio. Resulta elocuente que una iniciativa publicitada desde el pasado mes de mayo acabe seis meses más tarde diluyéndose en el declinante flujo informativo de un viernes. Porque ni del avance del proyecto de ley puede derivarse sensación alguna de cambio sustancial en el modelo de desarrollo, ni sus promotores actúan con la confianza y la credibilidad suficientes como para suponer que la iniciativa es todo lo relevante que el presidente Rodríguez Zapatero ha venido anunciando durante todo este tiempo.