«Seguiré comulgando»

«Seguiré comulgando». De esta forma tan taxativa respondió ayer el diputado del PSOE José Antonio Pérez Tapias a los obispos españoles que decretaron la prohibición del sacramento de la comunión a los parlamentarios católicos que el jueves rechazaron las enmiendas contra la ley del Aborto y permitieron, con su voto, que esta norma continúe su tramitación parlamentaria. Los rectores de la Conferencia Episcopal Española advirtieron de que, antes de volver a comulgar, los políticos aludidos deberán confesarse y rectificar públicamente, porque «están en pecado».

Se trataría, en principio, de una medida preventiva, porque la norma que permitirá a las mujeres españolas abortar de forma libre hasta las 14 semanas no se aprobará de manera definitiva hasta el verano de 2010. La votación del pasado jueves en el Congreso se refería a las enmiendas de totalidad presentados contra el proyecto gubernamental.

Pérez Tapias, diputado por Granada, forma parte del grupo de parlamentarios socialistas que ha hecho pública su condición de católico practicante, entre los que también se encuentran el presidente del Congreso, José Bono; el ministro de Fomento, José Blanco, o los también diputados Esperanza Esteve, Ana Chacón y Óscar Seco, entre otros. «No me siento menos católico por haber votado la ley del aborto», indicó Pérez Tapias. Añadió, además, que los obispos se están «extralimitando» en sus funciones por convertir este debate en público cuando, en su opinión, se debería dirimir en el seno de la comunidad católica. Esta opinión, según informó, la comparten los otros integrantes del colectivo de diputados católicos del PSOE.

Pérez Tapias puso el acento en que esta ley «no fomenta el aborto» sino que regula un hecho social que en España afecta a más de cien mil mujeres al año. Tilda la actuación de los obispos de «maximalista e intolerante».

María Teresa Fernández de la Vega también respondió a los obispos, tras la reunión de ayer del Consejo de Ministros: «El pecado se sitúa en el ámbito de las creencias y no tiene cabida en el ordenamiento jurídico», acotó.