Trabajadores sin formación tendrá un título por sus años de experiencia

Convertida en un ‘contenedor’ de medidas pendientes y reformas normativas, la ley de Economía Sostenible se someterá hoy al examen del Consejo de Ministros. Entre las medidas más avanzadas figura el reconocimiento de la experiencia laboral, en todas sus vertientes, con títulos oficiales. La formación profesional se considera pieza clave para conectar las ofertas de empleo, mientras las reformas del mercado de trabajo quedan al margen.

Es un documento de unas 150 páginas, con tres títulos, equivalentes a otros tantos retos, 13 disposiciones adicionales, más las transitorias y las finales. El primer bloque aborda la mejora del entorno económico, el segundo apuesta por mantener el estado del bienestar, bautizado como «sostenibilidad social», y el tercero está dedicado a los temas medioambientales.

Una de las principales novedades del proyecto es el reconocimiento de la experiencia laboral con certificados oficiales. Es una idea arrastrada desde la anterior legislatura, que el hundimiento del mercado de trabajo ha sacado a flote. La máxima es que la vida no da títulos, pero enseña más que muchas escuelas. Por eso, cualquier trabajador podrá equiparar su periodo de actividad a los módulos de la enseñanza académica vigentes.

La norma reconoce por vez primera la formación profesional a distancia. El Gobierno y las comunidades autónomas constituirán en todo el Estado una plataforma común de enseñanza no presencial, de articulación flexible, que permitirá compatibilizar la adquisición de conocimientos con las vidas laboral, familiar y personal.

Dentro del marco temporal del desarrollo de la ley, que se extiende hasta 2020, se crearán en cinco años 25 centros de formación profesional en entornos integrados con el ámbito de las universidades. Los centros dedicados a la formación profesional reglada se encargarán de los cursos para el reciclaje de trabajadores y desempleados.

Para mejorar el panorama económico, el proyecto impone la coordinación de la Comisión Nacional de la Energía y la del Mercado de las Telecomunicaciones con la Comisión Nacional de Competencia. Se conseguirá mayor transparencia en las operaciones de los mercados financieros mediante cambios en la ley del Mercado de Valores, pero la norma no llega a limitar las retribuciones de los directivos de las sociedades.