Incoherencias

La comparecencia parlamentaria de la vicepresidenta Fernández de la Vega no sirvió ayer ni para despejar las dudas que todavía penden sobre la gestión de la crisis del Alakrana, ni para pasar la página de la confrontación partidaria, protagonizada especialmente por el PP y el PNV. El anuncio de Fernández de la Vega de que el Gobierno ha tomado nota de las enseñanzas de la crisis no alcanza a ser autocrítico, puesto que evitó especificar cuáles han sido las lecciones aprendidas. El compromiso de dotar al Ejecutivo de un protocolo que prevea situaciones similares a este secuestro no es suficiente conclusión cuando lo que se espera es la relación de límites, carencias y errores que han concurrido en la resolución del cautiverio. Probablemente la propia división política está contribuyendo a que el Gobierno evite relatar con mayor transparencia su versión sobre lo sucedido. Es más, las críticas formuladas por la oposición describen un cuadro tan certero en la expresión individualizada de cada una de ellas como incoherente en su conjunto. Resulta incomprensible que el Ejecutivo español no contara con una previsión ordenada de una crisis así, ni siquiera después del secuestro del Playa de Bakio. Pero sigue siendo paradójico que, al tiempo que se demanda una intervención directa de la Infantería de Marina en la protección de los atuneros españoles desplazados al Índico, se defienda una aplicación a la carta del acuerdo internacional en el que se basa la Operación Atalanta. El argumento más sólido con el que cuenta el Gobierno a la hora de explicar la detención y puesta a disposición de la Justicia de los dos piratas es precisamente la existencia de un compromiso internacional que le obligaría a ello. No es fácil diseñar un sistema de seguridad que compatibilice, de antemano, el cumplimiento de las normas legales con los criterios de oportunidad que surjan en cada caso. Aunque el propio Gobierno sabe que no puede erigirse en ejemplo de coherencia legalista, cuando el caso está sujeto a la generalizada convicción de que se ha pagado un alto precio en concepto de rescate. Claro que en esto tampoco la oposición parece dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, porque el PNV ni siquiera menciona la cuestión y el PP denuncia el probable rescate sin señalar cómo habría solucionado la crisis.