Crucifijos y segregación

La educación anda estos días revuelta y más preocupada por resoluciones judiciales que por mejorar el sistema educativo. Se han abierto dos frentes: la posible salida de los crucifijos de las aulas y la resistencia de determinados colegios privados concertados a admitir alumnado de ambos sexos.

El debate sobre la retirada de los crucifijos surgió a raíz de una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que ha condenado al Estado Italiano, por iniciativa de una madre con hijos en un colegio público, al considerar que la presencia de este símbolo ataca la libertad religiosa de los alumnos. En España, ciñéndonos a los colegios públicos, la polémica es artificial pues nuestro Tribunal Constitucional ya ha dictado sentencias sobre la presencia de símbolos religiosos en las aulas, en el mismo sentido, y por ser extraño ver un crucifijo en sus escuelas. No obstante, resultaría curioso que en estos centros, el profesor de religión, para impartir sus clases, tuviera que sacar de su maletín casi de forma clandestina el crucifijo y después llevárselo consigo al finalizar la clase.

No se entiende, por tanto, la reacción airada de los obispos salvo que de manera inconsciente manifiesten su miedo a la extensión de esta medida a los colegios religiosos concertados. La poderosa e influyente jerarquía eclesiástica se aferra al Concordato pero no las tiene todas consigo. En estos colegios, receptores de fondos de la Administración, la normativa que se aplica para admitir al alumnado es la misma que la de los centros públicos y por tanto no se puede valorar con mayor puntuación la profesión de la religión católica. Los criterios de admisión son los que determinan el artículo 84 de la Ley Orgánica 2/2.006 de Educación, que prohibe la discriminación por razón de religión. No sería extraña, por consecuencia, la presencia en estos centros de alumnos de otras religiones, agnósticos o ateos.

Para embrollar más el asunto, el ministro de Educación ha declarado que la presencia de los crucifijos es competencia de los Consejos Escolares. Admitir esto podría aumentar los problemas. ¿Qué pasaría si algún Consejo Escolar aprobara la presencia de budas en todas las clases o impusiera el velo a las alumnas?

En cuanto a la segregación entre niños y niñas, el frente judicial ha surgido por las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra las Órdenes de la Junta de Andalucía para que los únicos once colegios concertados que se oponían a la enseñanza mixta la implanten a partir del curso 2010. Curiosamente, todos estos colegios son de marcada tendencia católica. La Junta ha aprovechado la próxima renovación de los conciertos en enero de 2010 para intentar doblegar la resistencia numantina de esos centros. La Administración tiene dos ases en la manga. En primer lugar, la existencia de una nueva Ley Orgánica de Educación vigente desde 2006 que prohibe la discriminación por razón de sexo, y que no pudo ser aplicada en los anteriores conciertos. En segundo lugar una sentencia del Tribunal Supremo a favor del Gobierno de Castilla-La Mancha que respalda la aplicación en los colegios concertados de los mismos criterios para la admisión de alumnos que en los colegios públicos. Es llamativo que estos centros están dispuestos a recibir el dinero de todos los españoles, pero les cueste someterse a sus leyes.