El Gobierno recibe un vapuleo por la crisis del 'Alakrana', pero sólo el PP exige ceses

La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, no logró convencer ayer a los grupos parlamentarios durante su comparecencia en el Congreso para defender la gestión gubernamental del secuestro del Alakrana.

El Gobierno recibió durante cuatro horas las críticas, de mayor o menor calibre, de todos los grupos, pero sólo el PP exigió dimisiones de ministros por su «incompetencia» en la crisis.

Las acusaciones más repetidas por los portavoces fueron las de descoordinación entre ministerios y de error al detener y traer a España a dos piratas. También hubo coincidencias en acusar al Ejecutivo de no haber dicho la verdad cuando afirmaron que supieron siempre dónde estaban los tres marineros que los piratas simularon haber trasladado a tierra. Además, abundaron los reproches por no haber ordenado la captura de los asaltantes tras la liberación del atunero.

El presidente del Gobierno no estuvo en el debate, pero desde el avión en que viajó a Grecia y Alemania avaló la actuación de sus colaboradores y se mostró convencido de que la gestión tiene «muy amplio respaldo de la ciudadanía», porque «la mayoría entiende que se ha resuelto un tema muy difícil». Consideró que el PP tuvo «un comportamiento anómalo» durante el secuestro, porque era un asunto «sin color político ni ideologías» en el que debería haber estado «detrás del Gobierno». También echó un capote a Fernández de la Vega, que «estuvo muy bien» en todo momento, y rechazó las versiones sobre una estafa económica a los servicios de inteligencia. «Al CNI no se le tima así como así», aseguró.

Fernández de la Vega, entretanto, adelantó ante el Congreso que no habrá ceses y explicó que el Gobierno «ha hecho todo lo que tenía que hacer» para salvar a los marineros y cumplir la ley. Por tanto, agregó, está «satisfecho» de lo que ha hecho. «Misión cumplida», resumió.

No hizo autocrítica alguna y rechazó que el Ejecutivo haya cometido errores o incurrido en descoordinación, improvisaciones o engaños. También negó cualquier «fisura» o enfrentamiento en el Gabinete o que «alguien haya escurrido el bulto». Donde otros detectaron fallos, ella apreció «valentía, entereza y responsabilidad».

A lo más que llegó la coordinadora de la célula de crisis fue a reconocer que este secuestro, como el anterior del Playa de Bakio, ha enseñado que «podemos mejorar y estamos dispuestos a hacerlo».

No hubo engaños

La número dos del Ejecutivo dijo que detener a dos de los secuestradores «no fue una opción del Ejecutivo sino una obligación legal», y es más, aseguró que este hecho y su traslado a España «no retrasó en nada la liberación» de los 36 tripulantes. Reconoció que hubiera sido mejor que alguno de los piratas fuese capturado tras haber abandonado el barco, pero indicó que no pudo ser por evitar un nuevo secuestro y por no herir a inocentes en la playa. Negó que los bandidos engañasen al Gobierno con la falsa amenaza de bajar a tierra a tres marineros, porque «en todo momento supimos dónde estaban todos los tripulantes». Del pago del rescate no dijo ni una palabra «por prudencia», y se remitió a la futura comparecencia secreta en el Congreso del director del CNI, el general Félix Sanz.

De la Vega, pese a no compartirlas, aceptó las «críticas constructivas» de los grupos, a los que ofreció hablar de mejoras en la lucha contra la piratería. Sólo rechazó las del PP, al que atribuyó «deslealtad, voracidad electoral e irresponsabilidad» porque sus dirigentes son «cazavotos». A los populares, dijo, no les importó perjudicar las negociaciones sólo «por dañar al Gobierno y rascar unos votos».

La portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, contestó que no aceptaba lecciones de un Gobierno «incompetente» con una «descoordinación total», al que culpó del secuestro por no proteger a los pesqueros. Sostuvo que el Ejecutivo no captura piratas ni se atreve a subir a militares en los pesqueros por sus «prejuicios para hacer un uso legal y proporcionado de la fuerza». Sáenz de Santamaría cree que la única estrategia gubernamental contra la piratería es pagar el botín y advirtió de que «legalidad y pagos de rescates son palabras irreconciliables». Con esa receta, afirmó, el Gobierno «alimenta el secuestro de mañana» y vaticinó nuevos asaltos.

La portavoz popular instó a la vicepresidenta a que, «por vergüenza propia», dimitiera y reclamó un paso similar a los ministros de Defensa y Justicia, a quienes señaló como los principales «irresponsables» en la crisis.

CiU y PNV dedicaron también duras críticas al Ejecutivo y coincidieron en que la gestión gubernamental fue «manifiestamente mejorable». El nacionalista vasco Josu Erkoreka denunció el «penoso espectáculo» de la crisis y calificó al Gobierno de «caótico y titubeante».

IU y ERC reprocharon la ausencia de toda crítica por parte del Ejecutivo, pero, al mismo tiempo, calificaron la oposición del PP de «rencorosa, catastrofista y sectaria». BNG y Coalición Canaria destacaron los mismos errores que la mayoría, pero reconocieron que había cumplido con «el bien principal»: la liberación de los marineros sanos y salvos.