El Ejecutivo confía en que la sentencia del 'Estatut' sea «buena» para todos

El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, escenificó ayer en el Congreso el difícil equilibrio que intenta mantener el Ejecutivo ante el debate del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán. En respuesta a una pregunta de la oposición, reclamó idéntico respeto para los magistrados del Constitucional -que deben pronunciase sobre los cuatro recursos presentados- y para los partidos catalanes, que ya han advertido de que cualquier sentencia que rebaje el alcance del texto en vigor tendrá consecuencias para el Estado.

Chaves sostuvo que «lo único que hay que demandarle al Tribunal Constitucional es que dicte una buena sentencia, una sentencia que sea buena para Cataluña y buena para España».

El nerviosismo ha calado, incluso, en el presidente de la Generalitat, José Montilla, que ya ha anunciado una «movilización de la sociedad catalana» frente un hipotético fallo negativo. Pero, de momento, todos son elucubraciones, tal y como le recordó Chaves al portavoz de ERC, Joan Ridao. «El Gobierno de España no va entrar en ningún juego de especulación», apuntó.

Con la evidente intención de serenar los ánimos de los partidos catalanes, irritados por el sentido de las filtraciones periodísticas que vaticinan una sentencia con recortes al texto estatutario, desde el Ejecutivo informan de que la crucial sentencia no se conocerá, al menos, hasta después de las Navidades. El propio presidente del Gobeirno dijo que es difícil que el fallo se conozca antes de fin de año, informó EFE. Ante las críticas preventivas, Chaves indicó a ERC en el debate parlamentario lo que, a su juicio, es una evidencia incuestionable: la normalidad y la vitalidad con la que se ha desarrollado el Estatut en los tres años transcurridos desde su aprobación en referéndum. Mencionó los beneficios económicos, que tienen reflejo en el modelo de financiación autonómica.

Ridao dejó patente que su grupo desconfía del Constitucional y lo consideró un «arbitro sin ningún tipo de autoridad moral, caducado y extremadamente politizado». Así, rechazó la petición de calma que hizo el presidente y los llamamientos del Ejecutivo para que se acate la sentencia, con normalidad democrática. Llegó incluso a vaticinar que la «fractura» será el precio si el fallo no respeta la decisión del pueblo catalán.

El PP secundó la negativa del Gobierno a entrar en debates antes del fallo del tribunal. «Yo no voy a entrar en polémicas con nadie», dijo Mariano Rajoy en Tarragona y aseguró que su partido acatará la sentencia, sea la que sea.