La Ley de Aguas sigue su curso pese al rechazo del grupo popular

La Ley de Aguas sigue su curso en el Parlamento al rechazar ayer con los votos del PSOE e Izquierda Unida la enmienda a la totalidad del Partido Popular, que pidió su devolución al Gobierno. Tras el debate, la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, pidió al grupo popular que se sume al consenso, en el que incluyó a asociaciones, entidades, organismos y particulares que colaboraron con un millar de alegaciones en su elaboración.

La futura Ley de Aguas, que la titular de Medio Ambiente, calificó de pionera, contempla la creación de bancos públicos de agua en zonas excedentarias oara garantizar el suministro en otras con necesidad. Para garantizar un mejor aprovechamiento y usos, la nueva ley relajará el régimen de las concesiones. El plazo máximo se reducirá de 75 a 20 años.

La consejera de Medio Ambiente destacó que la regulación del ciclo integral del agua mantiene las competencias de los ayuntamientos sobre abastecimiento y depuración, aunque la Administración autonómica se reserva el derecho a intervenir en casos excepcionales. La norma contiene un plan de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas para cumplir con lo establecido por la Unión Europea. Castillo explicó posteriormente al debate que se construirán 300 depuradoras. Respecto al control de los precios, la consejera dijo que la norma regulariza estos para garantizar que no se suban para otros fines que no sean la protección y regeneración de las masas de agua.

Para la diputada del PP, Carolina González Vigo, la norma es intervencionista y tiene un afán recaudatorio con la posible inclusión de hasta cuatro cánones distintos, «que van a suponer una carga tributaria excesiva para el contribuyente». La diputada aseguró que la Administración pretende recaudar con esta ley 800 millones de euros en los próximos cinco años. El diputado de IU, José Antonio Castro, defendió la norma, aunque dijo que su grupo trabajará por mejorarla y convertirla en una «modélica»..