Derrota sin paliativos

L a detención de 34 jóvenes, presuntamente relacionados con la reorganización de la ilegalizada Segi o con la práctica de la violencia callejera, confirma, a la espera de que se formalice la acusación judicial que pese sobre ellos, que el Estado de Derecho está comprometido en erradicar cualquier trama que pretenda extender o perpetuar el dictado del terrorismo etarra. Algunas voces del nacionalismo democrático han vuelto a coincidir con la izquierda abertzale en considerar la operación dirigida por el juez Marlaska como un intento para coartar el supuesto debate que estaría viviendo el entorno de ETA. Aunque en realidad quienes supuestamente tratan de desarmar a la banda desde sus aledaños no podrían hallar argumento más contundente para su propósito que la constatación de que la connivencia con el terrorismo no conduce más que al ostracismo político y a la cárcel. Quienes pretenden que el Estado de Derecho conceda a ETA y a la izquierda abertzale una especie de tregua con el propósito de favorecer su evolución no sólo rompen con la lógica que ha de guiar a jueces y tribunales en el cumplimiento de la Ley; no sólo pretenden politizar la acción de la Justicia precisamente cuando acusan al Gobierno de hacerlo. Además incurren en una pose ingenua absolutamente inadmisible a estas alturas. ETA y la izquierda abertzale han convertido cada muestra de generosidad o candidez por parte de las instituciones y de las formaciones democráticas en una oportunidad para perpetuarse en el terror y en la imposición de sus tesis liberticidas. Si de verdad hay voluntades en el seno de la izquierda abertzale dispuestas a conducir al conjunto de la trama etarra hacia su unilateral renuncia a la violencia, deben hacerse valer precisamente cuando más decidido se muestra el Estado de Derecho. Porque el imperio de la Ley no es sólo la condición irrenunciable en la que ha de descansar la normalidad democrática.