La Generalitat reivindica su derecho a defender con firmeza la norma estaturaria

La llamada de atención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para tranquilizar el clima político catalán tuvo una amplia respuesta de las fuerzas políticas que no resultó, precisamente, muy conciliadora. La Generalitat, en boca de su consejera de Justicia, Montserrat Tura, señaló que «la serenidad y el sentido común forman parte de la manera de ser de los catalanes». Pero indicó que este carácter no es incompatible con el derecho del Govern a defender con firmeza el Estatut.

En este marco, el presidente autonómico, José Montilla, mantiene su intención de convocar una cumbre de líderes políticos para dar una respuesta conjunta de todos los partidos al fallo del Constitucional si recorta el texto votado por los catalanes. «Ya lo anunció en su día y así se hará», afirmó Tura. Sin embargo, la consejera no concretó en qué consistirá esa respuesta unitaria y aplazó los detalles hasta conocer la sentencia. «No tenemos plan B, porque sería como dar por perdida la batalla y no queremos caer en el pesimismo», señaló.

El segundo mensaje del Gobierno tripartito llegó de parte del republicano Josep Lluís Carod-Rovira. El vicepresidente de la Generalitat afirmó en Bruselas que «sería gravísimo que el Constitucional deslegitimara una decisión que es resultado de la soberanía popular». Por ello, dijo, «se acerca el día de preguntarse qué aporta España a Cataluña». En esta línea, los portavoces parlamentarios de ICV y ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Herrera y Joan Ridao, respectivamente, criticaron el descrédito del Tribunal Constitucional. «Si lo que han votado los ciudadanos no cabe en la Constitución -dijo Herrera- es que o se ha quedado muy estrecha o quien la interpreta tiene una mira muy estrecha». Ridao, por su parte, afirmó que una sentencia «adversa supondrá una alteración clarísima del statu quo». «Pero no será un fracaso del catalanismo sino del autonomismo», sentenció. El secretario general de ERC cuestionó, además, la legitimidad del Constitucional, que «no sólo está caducado, sino también groseramente politizado», añadió.

Mientras, el ex president de la Generalitat, Jordi Pujol, aportó una visión novedosa al debate sobre la resolución del Constitucional, al señalar que la nueva norma estatutaria ha reportado a los catalanes más «desgaste» que beneficio.