El Congreso da la espalda al PP en su batalla sobre Sitel

La mayoría del pleno del Congreso rechazó ayer la iniciativa del PP que duda de la legalidad de Sitel, el sistema de escuchas utilizado por el Ministerio del Interior, porque cree que los populares sólo atacan este instrumento policial para poder anular la investigación judicial del 'caso Gürtel', que salpica a varios de sus dirigentes. En este argumento insistieron todos los que votaron contra la proposición e incluso alguno de los que se abstuvieron, pese a que la dirección del PP rechazó el lunes tal posibilidad.

La proposición no de ley del PP fue derrotada por 179 votos (PSOE, ERC, IU y BNG) frente a 148 (PP y UPyD), con la abstención de los nacionalistas del PNV, CiU y Coalición Canaria (CC). Los grupos parlamentarios, a excepción del de Rosa Díez, dejaron sólo al PP en la defensa de una iniciativa en la que ha centrado buena parte de sus ataques al Gobierno en las últimas semanas.

El fracaso de la proposición tuvo mucho que ver con el comentario realizado por la portavoz del Gobierno de Francisco Camps, que indicó que si se demuestra que Sitel es ilegal pedirán la anulación del 'caso Gürtel', y con la declaración de la secretaria popular, Dolores de Cospedal, que afirmó que las dudas sobre este sistema consolidan su sospecha de que el Gobierno espía ilegalmente a políticos. Sin embargo, la secretaria general negó tajantemente que su partido vaya a utilizar el argumento de la ilegalidad de Sitel para pedir la anulación del 'caso Gürtel'.

El diputado popular que defendió la proposición en el pleno, Esteban González Pons, pese a la derrota, se mostró «contento» por el debate. Aunque varios grupos parlamentarios confirmaron la legalidad de Sitel y descartaron que el Gobierno espíe a los dirigentes políticos, al tiempo, se mostraron favorables a abordar una regulación legal más detallada y adecuada de las escuchas policiales.

En concreto, Pons comprometió su apoyo a la proposición de ley que presentarán PNV y CiU para regular los puntos de contacto entre el derecho a la intimidad y la intervención judicial de las comunicaciones.