La crisis propicia el pacto social entre la Junta, empresarios y sindicatos «más ambicioso»

Compromiso, lealtad y confianza en el futuro. Con estas premisas arranca el séptimo acuerdo de concertación social en Andalucía, que ayer rubricaron el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el de la CEA, Santiago Herrero, y los secretarios generales de UGT, Manuel Pastrana, y CC OO, Francisco Carbonero, en un solemne acto en la Fundación de las Tres Culturas, en Sevilla. La crisis económica, que ha colocado a Andalucía por encima del 21% de paro y ha apeado de la actividad a múltiples empresas, ha sido el acicate que ha movido a empresarios, sindicatos y a la Junta a sellar el pacto social «más ambicioso», según Griñán, de los que se han firmado hasta ahora, y no sólo en cuanto a dinero y estrategias: 19.825 millones de euros (un 38% más que el de 2005) y 351 medidas hasta 2013.

El primer pacto social contra la crisis firmado en España no fija objetivos concretos en cuanto número de puestos de trabajo como se hizo en otros -la crisis dio al traste con la pretensión de superar los tres millones de empleados del anterior-, pero la creación de empleo y la reactivación del sector productivo andaluz sigue siendo la principal meta. ¿Qué le hace tan ambicioso? El acuerdo nace para generar «confianza y estabilidad» que en momentos de tan grave recesión se hacen «imprescindibles», en palabras del presidente Griñán. Pero con un objetivo añadido: cambiar el modelo de crecimiento. Por ello se apuesta por la sostenibilidad, eje transversal de todas las medidas contempladas. José Antonio Griñán anunció ayer que llevará este acuerdo como ejemplo de economía sostenible a la cuarta Conferencia de Presidentes, a celebrar el próximo mes de diciembre.

El pacto suscrito, en el que todas las partes dijeron ayer haber sacrificado «objetivos propios» para «arrimar el hombro», según palabras de Pastrana y Carbonero, contiene 26 medidas «urgentes» para encarar la crisis.

Las más urgentes

Entre las de carácter financiero se priman las operaciones para facilitar liquidez al tejido productivo, como ampliar los convenios de la Junta con entidades financieras para favorecer las ayudas a pymes y familias. Entre las iniciativas de refuerzo a la producción se agilizará la licitación de obra pública y el pago de ayudas a sectores desfavorecidos y se estudiará el acceso a la vivienda en régimen de alquiler de familias en situación de embargo. Para mejorar las rentas de las familias y el mercado de trabajo, se contempla como novedad la elaboración por parte del Servicio Andaluz de Empleo de un mapa autonómico de empleabilidad tanto para empresas como para trabajadores. También se creará un grupo de trabajo que detecte los problemas en el sector productivo y propicie medidas para empresas concretas en situación crítica.

Entre las iniciativas para cambiar el modelo de desarrollo se pone de relieve por primera vez el papel de las entidades financieras y se suscribe el objetivo de una caja única en Andalucía. La apuesta por la sostenibilidad supone que las ayudas a fondo perdido irán desapareciendo y en su lugar se concederán préstamos reintegrables o líneas de avales para aquellas empresas que mantengan empleo a largo plazo e inviertan en innovación.