Diputados transparentes

Han tenido que transcurrir tres décadas de democracia para que el Congreso haga públicas las actividades privadas de los diputados, cuestión sobre la que la Cámara Baja se venía pronunciando en sesiones secretas y que había suscitado razonables críticas de opacidad. La responsabilidad y el estatus que comporta la función parlamentaria exige la máxima transparencia posible no ya para detectar e impedir eventuales irregularidades, sino a favor de una mejor calidad del sistema democrático. Pero requiere de una evaluación rigurosa, conforme a la legalidad, de aquellas tareas profesionales que los diputados realicen al margen de la dedicación pública para la que han sido elegidos. Ello no significa que haya que aplicar un régimen de incompatibilidades draconiano; pero debería partir de la premisa de que lo prioritario es el desempeño de la labor institucional que el mismo entraña.