Activar el empleo

E l presidente Rodríguez Zapatero volvió ayer a mostrarse más optimista que los propios indicadores económicos afirmando que «la recuperación ya está en marcha». Pero la ambigüedad empleada por el jefe del Gobierno, cuyas palabras tienden a mostrarse siempre más risueñas que la situación por la que pasa en cada momento la economía, optando para ello por una interpretación libre del léxico especializado, es el mejor reflejo de la inconsistencia de su apreciación. El propio Ejecutivo ha pronosticado que será en el segundo trimestre de 2010 cuando la recesión ceda paso a una lenta reactivación económica, cuyos efectos sobre el empleo podrían demorarse. Pero lo más significativo de las diversas declaraciones que ayer se refirieron al mercado laboral en España es que todas ellas contemplan la necesidad de su reforma. No la pudo desechar el presidente, y no la desechó la vicepresidenta Elena Salgado. Por ella volvió a abogar abiertamente el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, y a ella se refirió Jean-Claude Trichet, de visita en Madrid. El restablecimiento del diálogo social representa la condición necesaria para que la economía afronte con una mínima credibilidad la perspectiva de su recuperación en el plazo de seis meses. Pero si el Gobierno parece contemplar por fin la posibilidad de que se modifiquen las normas del mercado laboral en España, el más que deseable consenso social respecto a dicha reforma no puede convertirse en subterfugio para que el Ejecutivo escurra el bulto ante cuestión tan crucial. La responsabilidad que le compete no le permite representar el papel de mero observador de las diferencias que mantienen patronal y sindicatos, sino que le obliga a proponer soluciones que, tanto mediante modificaciones de la legislación vigente en materia laboral, como a través de las posibilidades que ofrece la negociación colectiva, permitan flexibilizar las condiciones de la contratación. Cuando la recesión mostraba toda su crudeza , el cambio de las reglas laborales podía entrañar un perjuicio añadido para los trabajadores.