18.000 millones muy apetecibles
Los Ruiz-Mateos reclaman esa cifra como indemnización por la expropiación, y negocian la venta de los derechos del juicio incluso por el 50% de esa cantidad
JEREZActualizado:Casi tres décadas después, y con un litigio abierto desde que aquel 23 de febrero de 1983 el Estado decidiera expropiar al dueño de Rumasa de su poderoso holding, la familia Ruiz-Mateos no ha logrado que la justicia le dé la razón en su pretensión de recuperar sus empresas, y tampoco ha conseguido que se le indemnice por la pérdida de todas ellas.
Pero las cosas no podían quedarse así tratándose de José María Ruiz-Mateos, un empresario al que nunca le han faltado imaginación ni recursos para salir adelante en cualquier circunstancia, y la mejor prueba de ello es el conglomerado de empresas que posee en la actualidad la familia bajo el nombre de Nueva Rumasa.
De este modo, y después de más de 26 años esperando de la justicia algo más que aquella absolución por falsedad y estafa que ratificó el Tribunal Supremo en 1999, la familia del empresario jerezano ha encontrado una manera muy rentable para recuperar en parte lo incautado por el Gobierno socialista a través de la venta de los derechos del juicio.
Con esta fórmula, los Ruiz-Mateos podrían sacar tajada de la indemnización sin tener que esperar la resolución de los tribunales, ya que se trataría de que un grupo inversor les pagara una indemnización extrajudicial -con un importante descuento- para continuar adelante con el litigio y quedarse ellos con las plusvalías en caso de victoria final.
En el caso de Rumasa, este sistema -muy común en otros países como EE UU- podría resultar más que goloso para los grupos inversores, sobre todo porque la cantidad que los Ruiz-Mateos quieren exigirle al Estado en concepto de indemnización asciende a la nada desdeñable cifra de 18.000 millones de euros.
Ésa es la cantidad que ha calculado la familia Ruiz-Mateos que debe serle reembolsada y por la que lleva años luchando y pleiteando -se contabilizan un total de 163 procesos judiciales promovidos por la familia-. No en vano, como han destacado en numerosas ocasiones desde el entorno de los Ruiz-Mateos, el valor patrimonial de Nueva Rumasa -que tiene hoy en día 107 empresas y unos 10.000 empleados directos- es de 3.000 millones de euros, por lo que la tasación del antiguo Imperio de la Abeja, que en el momento de la intervención por parte de Miguel Boyer contaba con 65.000 empleados, debía ser muy superior.
Sin precedentes
Con esta cuantía sobre la mesa, que no tiene parangón en ningún otro pleito que esté por dirimirse en el resto de Europa, no es de extrañar que hayan aparecido ya interesados en la compra de los derechos del juicio por el justiprecio de la antigua Rumasa, como el propio grupo empresarial afirma en un comunicado. Y eso que este tipo de operaciones tienen el enorme riesgo de que los que compren los derechos de las demandas de los Ruiz-Mateos bien podrían perderlo todo en los tribunales.
En concreto, son cuatro los fondos de inversión, algunos de ellos fondos soberanos de países «con gran capacidad financiera» -se apunta a países árabes-, que han mostrado interés por la adquisición de los derechos de este histórico juicio, que se encuentra desde hace dos años en el Contencioso Administrativo a la espera de conocer la respuesta a dos demandas de retasación que fueron admitidas a trámite. Es decir, la causa está «tan sólo a falta de votación y fallo» en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras casi 27 años de espera.
«En las últimas semanas y como consecuencia de la penalización que el Gobierno pretende imponer por el excesivo retraso en la resolución de algunos pleitos, cuatro importantes fondos de inversión han mostrado su interés por la adquisición de los derechos del pleito», ha destacado la familia.
Los Ruiz-Mateos, que hasta el momento no tenían pensando vender estos derechos, también afirmar en el comunicado que estudiarán la propuestas recibidas.
Además, han destacado que con el propósito de «aliviar la grave crisis económica que atraviesa España», pretenden destinar la cantidad final que obtenga -podría ser el 50% del importe de las demandas- a inversiones en empresas productivas, «que no especulativas», en el mercado español, y de este modo «generar miles de puestos de trabajo».