El Supremo avala Sitel

La línea roja que separa el fair play democrático de las frondas populistas o autoritarias se ha traspasado una vez más con el asunto del sistema de escuchas Sitel. Desde este verano, portavoces del Partido Popular, coincidiendo con la salida a la luz de sucesivos escándalos de corrupción que afectan a su formación, han ido manifestando con intensidad creciente su convicción de que el Gobierno les espía a través de este sistema de interceptación de las comunicaciones, que, como es lógico, tan sólo puede utilizarse con escrupulosa autorización judicial motivada.

Poco a poco, tal denuncia se ha completado con la gratuita afirmación de que el método Sitel, que fue adquirido e instalado por los gobiernos del PP -y en concreto por Rajoy cuando éste era ministro del Interior- es ilegal. La denuncia ha ido in crescendo, hasta la explosión del pasado miércoles en la Cámara Baja, cuando el ministro del Interior trató de hacer ver a gritos a sus adversarios que la denuncia de escuchas es la más grave que se le puede hacer a un gobierno en democracia. Ya se sabe que acusar de un delito sin pruebas es una calumnia, que en este terreno tiene particular relevancia política. Ni que decir tiene que, tras el desahogo ministerial, el PP ha reclamado la dimisión del titular de Interior.

Por casualidad o intencionadamente, el Tribunal Supremo notificó el jueves una sentencia por narcotráfico en la que avalaba -por tercera vez- dicho sistema de escuchas. El varapalo del Supremo no ha hecho más que arrojar algunas dosis de sentido común sobre las relaciones entre el Gobierno y la oposición. La democracia incluye el exquisito respeto a las reglas de juego y, por supuesto, también al adversario.