Rajoy defiende que los políticos son honrados y sólo el 0,7% es corrupto«El burlador de León»

«Los políticos somos gente honrada», fue el grito unánime de los alcaldes y concejales del PP reunidos en la Intermunicipal que presidió Mariano Rajoy en Sevilla. El líder de la oposición quiso reivindicar la dignidad de la política y rechazó que la corrupción sea generalizada. Se trata, dijo, de un fenómeno practicado por unos pocos. El PP, no obstante, se propone erradicar estas prácticas con la aplicación de 50 medidas incluidas en el pacto que enviará mañana a todos los demás partidos.

Rajoy utilizó como referencia los datos facilitados por el fiscal general del Estado, quien precisó esta semana que hay 700 casos de cargos públicos que están en los tribunales por supuesta corrupción. Como en España hay 66.000 cargos públicos -entre concejales, alcaldes, diputados nacionales y autonómicos y senadores- dedujo que la cifra de los supuestos corruptos «no llega ni al 0,7%». «Tenemos que reivindicar, hacer pedagogía y explicar que la política es una actividad muy noble», añadió. Agregó que va a hacer lo que esté en su mano para evitar que se extienda «un manto de descrédito a toda la clase política» cuando sólo son unos pocos los que «hacen lo que no deben hacer».

El líder del PP conminó a su partido a incluir entre sus objetivos «la lucha contra la corrupción» y que tengan como guía las 50 bases para el acuerdo político con otras fuerzas que aprobó este fin de semana la asamblea intermunicipal. A las iniciativas ya conocidas, Rajoy añadió ayer el endurecimiento de las penas y la ampliación de la tipificación de los delitos de corrupción en términos que no concretó.

La demanda coincide con los acuerdos adoptados en el mismo sentido por el Consejo de Ministros del pasado 13 de noviembre en el marco de una reforma del Código Penal. Un hecho que puede facilitar el acuerdo con el PSOE.

El líder de la oposición asumió que sus propuestas pueden ser modificadas según los acuerdos que se alcancen con el resto de partido. Por eso son, dijo, «opinables y discutibles», porque están pensadas para facilitar el pacto. Tal es el caso de la fórmula que plantea para dificultar las mociones de censura que, entre otras cosas, prevé que la elección del alcalde sea en voto «nominal y público», en lugar de efectuarse mediante urna, como ocurre en la actualidad.

Contratos

Las contrataciones fraudulentas o legales, pero encubridoras de un delito de cohecho están presentes en buena parte de las causas judiciales por corrupción en ayuntamientos. Así sucedió con las numerosas irregularidades detectadas en El Ejido, donde el ayuntamiento llegó a trocear contratos hasta para la compra de una baldosa o la instalación de una bombilla. Para impedirlo, el PP propone «evitar el fraccionamiento y la concentración de contratos». Pretende asimismo la prohibición de la concurrencia de empresas de un mismo grupo o sociedades pantalla creadas al efecto.

Éste sería el caso de la red Gürtel en Madrid, donde, supuestamente, el consejero Alberto López Viejo adjudicaba la organización de actos a distintas marcas de la misma trama de Francisco Correa. Para evitarlo, el PP adelanta una solución atrevida: «Conferir carácter decisorio, en la valoración de ofertas, a la más económica».

Mediante la aprobación de códigos de buen gobierno para ayuntamientos, sus organismos y empresas públicas se plantea la necesidad de mejorar la ética de los cargos públicos. En la misma dirección se orienta el acuerdo para la reducción de asesores y personal de confianza, así como las medidas para prohibir que ex concejales y ex altos cargos puedan contratar con la administración hasta dos años después de su cese.

El líder de la oposición prometió que su partido hará lo que pueda para prevenir e impedir la corrupción a fin de «evitar que se produzca lo que no se debe producir». Los populares quisieron espantar en Sevilla el fantasma de la culpa o una imagen de connivencia con los comportamientos irregulares.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, hizo una velada mención a los casos que afectan a su comunidad y, sin mencionar la trama Gürtel, admitió que los populares valencianos han pasado «varios meses duros» por «las filtraciones de conversaciones».

Los alcaldes y concejales del PP se conjuraron para denunciar la asfixia financiera que sufren las corporaciones locales con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusan de «repartir miseria». Los ediles populares consideran que el municipalismo español vive «su peor momento en décadas» y exigen que, tal y como comprometió el presidente del Gobierno, se retome cuando antes la reforma de la financiación local.

Las jornadas de la XV Intermunicipal del PP, clausuradas ayer por el líder del partido, Mariano Rajoy, han servido para constatar el malestar de los alcaldes con el recorte de transferencias que, de acuerdo a los próximos Presupuestos Generales del Estado, sufrirán durante 2010. Fue la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, la encargada de expresar el sentir general. «Nos fríe a mentiras y ahora también nos va a freír a impuestos», llegó a decir en su intervención, calificando a Rodríguez Zapatero como «el engañador o el burlador de León» entre aplausos de los casi 600 asistentes.

La ex presidenta de la Federación de Municipios lamentó que el Ejecutivo haya vuelto a apartar la financiación de las haciendas locales del debate de financiación autonómica. «Nos ha engañado más de 10 veces, es mentira tras mentira y engaño tras engaño», criticó, para subrayar a continuación que la rebaja en un 20% de los ingresos «que por ley nos corresponden», la principal vía de financiación de los ayuntamientos, supondrá una merma similar en la prestación de servicios.