Como los 'narcos'

El PSOE se apresuró ayer a felicitarse por la nueva sentencia del Tribunal Supremo que avala el uso de Sitel para intervenir las conversaciones telefónicas. Los socialistas usaron el fallo para atacar al Partido Popular, al que acusaron de usar los mismos argumentos contra el sistema de escuchas que los que emplean los narcotraficantes para recurrir las sentencias condenatorias.

El portavoz de Interior el grupo socialista, Antonio Hernando, vio «curioso» que los populares y los abogados de narcos «compartan las mismas teorías y estrategias». Insistió en que el alto tribunal, una vez más, «ha echado por tierra» los argumentos del PP, por lo que exigió al partido que lidera Mariano Rajoy que deje de usar Sitel para «poner patas arriba» el Estado de Derecho con el único objetivo de defenderse de las acusaciones del caso Gürtel.

Las felicitaciones por la sentencia también llegaron desde el Gobierno. El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró que el «marco legal» en el que se mueven estos pinchazos digitales da «absoluta tranquilidad» porque es un «sistema tremendamente garantista».

El número dos de Justicia insistió en que no es necesario regular por ley orgánica Sitel porque éste ya está amparado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y bastaba un simple reglamento porque sólo se trata de regular «cuestiones técnicas o instrumentales» de una herramienta informática.

Desde el PP la interpretación fue diametralmente opuesta. El portavoz de Justicia popular, Federico Trillo, aseguró que el fallo conocido ayer da la razón a su partido porque el Supremo confirma que «la regulación legal de Sitel no es suficiente para escuchar a cualquier ciudadano». El fallo -explicó- recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cree «raquítica» la actual legislación para un sistema «tan invasivo» de la intimidad como es el que utiliza el Ministerio del Interior.

El dirigente del PP señaló que la sentencia insiste en que la utilización de esta herramienta debe ser «excepcional» y que únicamente tiene que utilizarse cuando exista constancia de un «delito grave» y «una conexión causal» entre la persona investigada y el ilícito.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, restó importancia a la sentencia porque quien tiene que avalar las escuchas de Sitel no es el Supremo sino una ley orgánica. «Mientras no siga habiendo una ley orgánica que lo regule, cualquier limitación que se establezca (a los derechos a la intimidad y a la privacidad de las comunicaciones) será ilegal», señaló.