Sólo recuperan el dinero parte de los afectados de Gescartera

Han pasado ocho años desde la estafa de Gescartera y el Tribunal Supremo confirma que Antonio Camacho, propietario de la agencia, seguirá en la cárcel para cumplir una condena por once delitos de apropiación indebida y falsedad documental, que causaron un agujero patrimonial de 88 millones de euros. Camacho está actualmente en la prisión de Aranjuez, mientras el dinero sigue en paradero desconocido. El Supremo advierte de que no todos los perjudicados se verán compensados por las pérdidas al quedar eximida La Caixa de responsabilidad civil y limitada la exigible a Caja Madrid.

Muchos pequeños ahorradores, no obstante, ya recuperaron parte del dinero a través del Fondo de Garantía de Inversiones. La institución reintegró 26 millones de euros a los clientes, con un tope máximo de 20.000 euros por inversor. El fallo absuelve al director comercial de gestión de patrimonios y al asesor fiscal de Gescartera de las penas de prisión impuestas.

La Audiencia Nacional declaró inicialmente responsables subsidiarias a La Caixa y Caja Madrid, por entender que habían coadyuvado de forma consciente al mantenimiento de la irregular operatoria de Gescartera. Tras estudiar los 22 recursos presentados, el Supremo estima que José Alfonso Castro Mayoral, director de sucursal de La Caixa en la localidad madrileña de Majadahonda, y de Miguel Carlos Prats, subdirector, no deben ser considerados colaboradores necesarios de los responsables de Gescartera, que emitieron dos certificados falsos para tratar de engañar al regulador de los mercados y evitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Considera que los dos operaron «desde el desconocimiento» y La Caixa no tiene que responder.

En el caso de Caja Madrid, el Supremo limita su responsabilidad a lo «ilegítimamente distraído por los responsables de Gescartera condenados, del total de los recursos gestionados como depositaria, durante el tiempo de prestación de servicios». La agencia estaba operando desde 1992, y la actividad de Caja Madrid Bolsa arrancó el 10 de noviembre de 1999. Por tanto, la entidad de ahorro madrileña interpreta que la sentencia ha reducido «drásticamente» su responsabilidad civil al limitarla a 19 meses, lo que reduce la cifra de afectados.