El juez abre la vía para expulsar a los dos piratas detenidos a Somalia

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz despejó ayer el camino para que los dos piratas somalíes acusados del secuestro del 'Alakrana' puedan ser entregados a su país, tal y como reclaman los secuestradores. El magistrado dictó un auto de procesamiento en el que rebaja el grado de incriminación de los detenidos en el asalto del atunero, del que se cumplen 46 días. Los piratas acudirán hoy a la sede judicial para conocer su enjuiciamiento.

Con esta resolución, Pedraz deja en manos del tribunal que los juzgará en las próximas semanas la posibilidad de que las condenas sean inferiores a seis años de cárcel, lo que permitiría expulsarlos en aplicación de la ley de Extranjería. Sin embargo, la Fiscalía ya ha anunciado que rechazará esta vía y pedirá penas superiores a los 200 años en su escrito formal de acusación.

La decisión del juez de dar carpetazo a la instrucción y dictar auto de procesamiento -paso previo a la apertura de juicio oral- es, cuanto menos, sorprendente. Desde el primer momento, el magistrado se había mostrado partidario de alargar la investigación con la práctica de todas las diligencias posibles, incluida la declaración de los principales testigos de cargo, los infantes de marina que apresaron a los piratas.

Pero al final, Pedraz ha considerado suficientes las pruebas materiales existentes: seis teléfonos móviles de los marineros, dinero, un motor fueraborda del 'Alakrana' y una navaja de Albacete, además de los informes del Ministerio de Defensa sobre los detalles de la detención, para procesar a 'Abdu Willy' y 'Raageggsey Adji Haman' por 36 delitos de detención ilegal -tantos como tripulantes del atunero- y uno de robo con violencia y uso de armas.

Tal y como había solicitado el abogado de uno de los piratas, el juez rechazó acusarles del delito de asociación ilícita que en un primer momento les había imputado Baltasar Garzón, sustituto en aquellas fechas de Santiago Pedraz, de baja por paternidad. La acusación también había sido avalada por el pleno de la Sala de lo Penal el 28 de octubre, después de plantearse un conflicto de competencias por la edad real de 'Abdu Willy'.

Expulsión

La decisión del juez Pedraz ha sido tomada a instancias de la Fiscalía y abre la puerta para que ambos puedan ser condenados a menos de seis años, lo que permitiría que fueran expulsados del país en virtud del artículo 57.7 de la ley de Extranjería. Para su aplicación, la norma excluye de forma específica el delito de asociación ilícita.

De ser posible esta solución, el tribunal que los juzgue deberá rebajar el grado de incriminación de los detenidos de coautores a cómplices, algo que pide la defensa y la Fiscalía no está dispuesta a solicitar. «Hacer eso sería un fraude legal», reconocen fuentes jurídicas. El Ministerio Público tiene previsto pedir entre seis y diez años de prisión por cada uno de las 36 detenciones ilegales y hasta cinco por el robo con violencia y uso de armas. En total, la petición de pena oscilará entre los 219 años y medio y los 365 años de cárcel.