Mujeres de ex trabajadores de LyFC se manifiestan en Ciudad de México. / EFE
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Guerra sindical contra Calderón

El presidente mexicano ha decidido aumentar el control de las centrales vistas por la ciudadanía como nidos de corrupción

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Históricamente los sindicatos mexicanos funcionaban como extensiones burocráticas de los gobiernos de turno para controlar a los trabajadores. El beneficio se repartía al 50%. Los partidos se quedaban con los votos de los afiliados y los jefes de las centrales sumaban apoyos para perpetuarse en sus puestos. Aunque son de dominio público los enfrentamientos entre presidentes y líderes gremiales, el binomio funcionó bien engrasado durante los más de setenta años de ejecutivos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y, según algunos expertos, sigue en activo.

El PRI tuvo que pagar una multa de 64 millones de euros por haber recibido ilegalmente más de 32 millones de la petrolera estatal Pemex a través del sindicato de trabajadores de la empresa para financiación irregular de la campaña presidencial de 2000. La denuncia fue comprobada y castigada en mayo de 2003 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Pero el analista Servando Peralta recuerda que también los dos millones de maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que dirige la profesora Elba Esther Gordillo, «inclinaron la balanza de forma determinante para el triunfo del Partido Acción Nacional (PAN) en 2006.

Pues bien, esa entente más o menos aceptada por todos saltó por los aires el pasado 11 de octubre cuando el presidente Felipe Calderón mandó liquidar la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Según el mandatario la razón de tal decisión fue la ineficacia y corrupción reinante en la empresa paraestatal, que proporcionaba, entre apagones y altibajos de tensión, energía eléctrica a los veinticinco millones de personas que habitan el valle de México. Para la oposición sólo fue una maniobra para dar cerrojazo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), creado en 1914 y alineado con el ala más radical del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se formó en 1938.

Las centrales obreras son por definición una agrupación para la defensa de intereses comunes de los trabajadores. Pero en México se perciben como nidos de corrupción, ineficaces, en contubernio con el poder político y con los empresarios, además de practicantes del 'charrismo sindical', los intermediarios de las relaciones sindicales impuestos por el Estado. La mala fama de algunos líderes la describió el investigador de la Universidad Autónoma de México (UAM), Edur Velasco Arregui: «Los dirigentes sindicales comparten el don de la longevidad con los notarios públicos. Es públicamente conocido que su función es firmar lo que les pongan enfrente».

Pero el cierre de LyFC aún colea. Para la izquierda es una añagaza para privatizar la empresa y acabar con el sindicalismo. Por eso mismo ahora acusa al ministro de Trabajo, Javier Lozano Calderón, de tener interés en el negocio de la fibra óptica, al igual que los ex titulares de Energía Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens.

Un botín de fibra óptica

Lozano lo niega, pero lo cierto es que LyFC poseía más de 1.200 kilómetros de fibra óptica que tendría un valor de muchos millones de euros si se privatizara. Él fue parte del problema. No aceptó la reelección de Martín Esparza como secretario general del SMT. Avaló así a las voces que le impugnaron por enriquecimiento ilícito y, de rebote y más grave, el sindicato se quedó sin personalidad jurídica. Entonces empezaron las protestas.

Para la derecha fue una muestra del coraje del gobernante por acabar con un pozo sin fondo para los recursos estatales. También los empresarios aplaudieron a rabiar. Por disposiciones superiores, muchas firmas e instituciones abonan recibos de la luz con tarifas subvencionadas generalmente por los clientes privados.

Según expertos, en LyFC los puestos de trabajo se heredaban o se compraban a precio de oro -práctica que no es exclusiva suya- y ese dinero iba a parar a los bolsillos de los ricos cabecillas. Además, el convenio colectivo obligaba a la especialización, es decir, un chófer sólo podía conducir, al extremo de que si uno fallaba un electricista no podía llevar el camión de la compañía hasta el lugar de la avería. Los operarios no pagaban el recibo de la luz y disfrutaban de lujosas instalaciones deportivas.