¿Qué hacemos con Las Aletas?

Mañana lunes, en Madrid, se verán las caras nuevamente el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves; el diputado por Cádiz Alfredo Pérez Rubalcaba, el consejero de Gobernación, Luis Pizarro; y el de Empleo, Antonio Fernández. Se tratará de un encuentro monográfico en torno al futuro del parque empresarial de Las Aletas, momentáneamente frenado por una sentencia del Tribunal Supremo que advertía serios defectos de forma en la puesta en marcha de este proyecto que se venía presentando como una de las grandes esperanzas contra el desempleo en Cádiz.

La pregunta sigue siendo cómo le ponemos al niño y qué vamos a hacer con este invento. En la actualidad, las principales reticencias institucionales para realizar las modificaciones necesarias en esta iniciativa se presentan en dos frentes: entre la Junta de Andalucía y el Gobierno del Estado por una parte, y dentro de ambos, entre los departamentos de Medio Ambiente y el resto. ¿Cómo no iba a ser así si la única salida viable desde el punto de vista legal es sacar de la zona de protección a dichas marismas, para que ya no haya obstáculo que permita su industrialización?

Como es sabido, el Supremo y a instancias de una demanda planteada por la organización ecologista Adena falló el pasado 19 de octubre contra la actuación que se lleva a cabo en 287 hectáreas de dominio público marítimo terrestre por vulnerar la Ley de Costas. La postura oficial de la Consejería de Empleo, cuyo titular Antonio Fernández, ha defendido a capa y espada este proyecto, estribaría en plantear que se trata de una marisma desecada, que ya no se inunda, por lo que no sería ningún disparate incoar un expediente de desafección.

Más allá de las cautelas ecológicas, la Junta entiende que lo que subsiste aquí es un problema jurídico-técnico entre el alto tribunal y la abogacía del Estado. Que son tecnicismos, vamos, y que la sentencia no cuestiona en ningún caso la legitimidad del Consejo de Ministros como órgano competente para realizar la reserva demonial de suelo que no vulneraría la Ley de Costas. De ahí que quepa la posibilidad de que el consejo realice una nueva reserva, subsanando los defectos de forma anteriores.

Para el Gobierno autonómico, se trataría de seguir adelante sea como sea, incluso si para ello la Junta tiene que comenzar a trabajar sobre sus 120 hectáreas sin que el Gobierno central tenga que hacer lo propio sobre el sector que le corresponde, hasta completar las 527 hectáreas del perímetro afectado.

¿Por qué este empeño en dichas marismas cuando podría buscarse otra ubicación? No la hay, entiende la Junta. Es más, lo que existe es una clara demanda de suelo industrial en la Bahía de Cádiz, lo que podría respaldar el propósito de la Junta. Dicho argumento permitiría interpretar de otra forma el Art. 32. 1. de la Ley de Costas, en el que se recoge que «únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». Los ecologistas no piensan así y entiende que en la zona portuaria y Bajo de la Cabezuela quedan más de 500.000 metros cuadrados sin ocupar y de mayor valor estratégico que las Aletas, mientras que el polígono industrial Las Salinas de 3.000.000 metros cuadrados tiene un índice de ocupación inferior al 30%: «No es verosímil que, mientras se está desmantelando el tejido industrial de la Bahía o se desafectan terrenos portuarios, supuestamente porque no hacen falta, se pretenda seguir recalificando nuevos terrenos costeros con fines industriales o portuarios», opinan.

¿Se trata de una simple cuestión de nomenclatura, o hay algo más? Si no lo hay, tal vez tengan razón aquellos que pretenden que el polígono sea adherido a la Autoridad Portuaria, máxime cuando en enlace ferroviario facilitaría tal condición. Así que Las Aletas podrían pasar de ser dominio público marítimo terrestre a dominio público marítimo portuario, como zona de desarrollo natural del puerto de Cádiz, que busca expandirse aún a falta de suelo colindante.

Los ecologistas siguen insistiendo en que la reciente sentencia del Supremo deja «anulado y sin efecto» el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de abril de abril de 2007. Dicho acuerdo consideró que 287 hectáreas de zona de marismas de la Bahía de Cádiz en dominio público marítimo terrestre podían ser urbanizadas o formar parte del Polígono de Las Aletas.

«Es incomprensible que ni el Gobierno Central, ni la Junta, ni el Ayuntamiento de Puerto Real, hayan estado dispuestos a cumplir una ley básica de nuestro ordenamiento jurídico», aseguran los portavoces de Ecologistas en Acción en referencia a la Ley de Costas y sus perímetros de protección.

En estas «horas bajas» que vive nuestra clase política, bajo sospecha en demasiados lugares y ámbitos, este descrédito al que ahora le somete el Supremo, no deja de ser preocupante. Resulta intolerable que sean los poderes públicos, estatal, autonómico y local, los que se empeñen en incumplir la Ley, como desvela la sentencia del Tribunal Supremo», afirmaba dicha organización en un comunicado difundido nada más conocer el fallo.