Confusión perjudicial

L a pronta liberación de los tripulantes del atunero Alakrana constituye el ineludible objetivo que persiguen todas las instituciones y la sociedad en general; objetivo que no ha impedido que se hayan suscitado notables y públicas disensiones entre los protagonistas de la noticia, y que no puede soslayar, por tanto, el juicio crítico que merece la gestión de la crisis hasta el momento. Las palabras de la vicepresidenta Fernández de la Vega, asegurando que «se ha hecho lo que se tenía que hacer», en ningún caso aligeran el evidente embrollo jurídico y procedimental que viene afectando al secuestro. Resulta elocuente que un abogado que asume pasado un mes de cautiverio la defensa de Abdu Willy sea capaz, con sus demandas, poco menos que de poner en tela de juicio la actuación seguida por el Estado español frente a los secuestradores del Alakrana.

Un panorama que, en lo inmediato, sólo podría verse atenuado por una actitud de discreción compartida, como la anunciada por los propios familiares de los tripulantes del Alakrana. En cualquier caso, el enredo generado en torno al secuestro obliga a una mayor clarificación y publicidad sobre las normas legales a aplicar en tales circunstancias. Es necesario que se conozca en todas sus consecuencias la tipificación del delito de piratería -incluido en la reforma del Código Penal aprobado ayer por el Consejo de Ministros; como es necesario que la opinión pública sepa a qué han de atenerse los mercantes y pesqueros bajo la Operación Atalanta. Las autoridades han de asumir de antemano los efectos de cada una de sus acciones; pero la sociedad y las eventuales víctimas en mares de tan previsible riesgo han de saber hasta qué punto pueden verse concernidos por la aplicación de la citada normativa.