El asesinato del estatut

Por la mínima, con solo 176 votos a favor, el jueves fue aprobada en el Congreso la nueva versión de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que ha sido reformada para tomar en consideración el acuerdo adoptado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 15 de julio. La nueva ley ha sido rechazada por el PP, aunque las comunidades gobernadas por este partido esperan la mejora de financiación que comenzará a regir a primeros de años; algo semejante a lo que sucedió en 2001, cuando el PSOE votó en contra del modelo de financiación que se introducía entonces pero aceptó el dinero.

Lógicamente, la plasmación en la norma de aquel acuerdo ha reabierto las heridas en el nacionalismo catalán: ERC e ICV, integrados en el tripartito, han votado a favor y CiU, actualmente en la oposición, en contra. Además, el portavoz de este partido, Josep Sánchez Llibre, ha calificado la ley de «asesinato político con premeditación del Estatuto de Cataluña». En el otro extremo, el PP ha lanzado un discurso de singular dureza en el que ha calificado de injusto el nuevo modelo, que a su entender consagraría la desigualdad entre españoles.

La polémica más enjundiosa es sin duda la que tiene lugar en el interior de Cataluña, y que se puede resumir en la siguiente paradoja: el Estatut pretendía establecer una relación bilateral singular entre Cataluña y España de corte cuasi confederal; y sin embargo, la financiación de Cataluña se realiza a través de la Lofca, que es el instrumento común de financiación de todas las comunidades autónomas de régimen general. Esto es lo que quería poner de manifiesto Sánchez Llibre en su estridente intervención.