El fiscal de Belfast dice que De Juana «chantajea» a la Justicia

Stephen Ritchie, el fiscal de Belfast que representa a la Audiencia Nacional en su demanda de extradición de Iñaki de Juana Chaos afirmó ayer que la defensa del ex preso de ETA plantea un «chantaje» a la Justicia al argumentar que su envío a España agravaría los problemas de salud mental que padece.

La defensa de Ignacio de Juana, liderada por el abogado Edward Fitzgerald, presentó el jueves como único testigo a un psiquiatra forense que, tras entrevistarse en dos ocasiones con el acusado, señaló que padece una depresión clínica y estrés post-traumático y que encarcelarle de nuevo agravaría el deseo de morir que ya sentiría el que fuera jefe del comando Madrid.

«En este caso no hay riesgo de suicidio, porque el acusado dice al psiquiatra que su suicidio haría feliz a sus enemigos. Lo que el acusado dice al tribunal es: si me envía a España, podría iniciar una nueva huelga de hambre, podría morir», dijo Ritchie. Y subrayó que la extradición o la alimentación forzosa de un detenido no pueden considerarse como trato inhumano y degradante.

Mutua confianza

El fiscal de Belfast replicaba así al argumento central que ha elegido la defensa de Ignacio de Juana Chaos para evitar una extradición que la Audiencia Nacional pide para poder procesarle por la presunta autoría -que él niega- de una carta leída en un acto en San Sebastián, el día de su salida de prisión. En el texto había alguna expresión que se puede interpretar como delito de enaltecimiento del terrorismo.

El fiscal dedicó su último turno de una vista que ha dejado el caso pendiente ya de la sentencia a insistir en que la euro-orden, avalada por la jurisprudencia británica, se basa en la mutua confianza de los países participantes y que, por tanto, los argumentos en Belfast de la defensa han de presentarse en Madrid tras el envío del acusado.

Esa tesis sobre la euro-orden ha sido respaldada una y otra vez por los máximos tribunales británicos, pero las alegaciones sobre lo desproporcionado entre el delito del que se le acusa y el envío a una cárcel en España son nuevas en el historial de estos casos y el juez Thomas Burgess pareció tenerlos en consideración antes de declarar el caso visto para sentencia.

Burgess dijo a los abogados que, en el curso de los próximos días, podría ponerse en contacto con la Audiencia Nacional para que se le aclaren las condiciones en las que estaría Ignacio de Juana en caso de que lo extradite a España; es decir, si sería encarcelado o permanecería detenido e incomunicado.