Defensa traslada 54 vigilantes a Seychelles

Un Boeing 707 de la Fuerza Aérea despegó ayer por la tarde de Alicante rumbo a Port Victoria, capital de las islas Seychelles, con 54 agentes de seguridad privada que protegerán de los ataques de los piratas a los atuneros españoles que faenan en los bancos del Océano Índico frente a la costa africana. Aunque en un primer momento se habló de 71 guardias, las necesidades de los pesqueros se han limitado por ahora a poco más de medio centenar.

Una vez en las Seychelles se embarcarán de inmediato en los pesqueros que han contratado su servicio y se harán a la mar. En cada barco está previsto que viajen cuatro agentes que rotarán para cumplir turnos de 24 horas. Los planes iniciales, según fuentes de las compañías de seguridad, era que hubiera hasta ocho guardias por cada pesquero, pero Defensa estimó que la mitad era suficiente.

Los vigilantes han viajado provistos de ametralladoras de 7,62 milímetros de calibre y fusiles de asalto de 5,56 milímetros. Dentro de unos días recibirán las ametralladoras pesadas de 12,7 milímetros. Todo este material bélico ha sido proporcionado por el Ministerio de Defensa y pagado por las compañías de seguridad con la condición de que el departamento que dirige Carme Chacón lo recompre una vez que finalice la misión.

La mayoría de los guardias son ex militares de nacionalidad española y ganarán en torno a 400 euros diarios. La operación está financiada por los armadores de los barcos, que asumirán el 50% de los costes, y los Gobiernos central y vasco, que pagarán el 25% cada uno.

Los vigilantes han recibido un curso intensivo de adiestramiento de una semana en la base naval de Cartagena con clases teóricas y prácticas con el armamento. Han recibido también charlas sobre la metodología de abordaje de los piratas somalíes, así como de detención y custodia de los prisioneros, y primeros auxilios. Representantes de las compañías de seguridad sostienen, en cambio, que el curso se ha limitado a dos o tres días. El traslado de los agentes privados fue la solución adoptada por el Ejecutivo ante la imposibilidad legal de embarcar militares profesionales en los pesqueros porque no lo contempla la Ley de Defensa.