Margen de advertencia

L a decisión de la Comisión Europea de prolongar un año más, hasta 2013, el plazo para que España regrese a los límites del Pacto de Estabilidad comunitario y haga retroceder su déficit público hasta el 3% otorga un respiro a las maltrechas finanzas españolas. Pero nuestra economía no está en disposición de consolarse más de lo debido ni con esa prórroga, que la vicepresidenta Salgado ha atribuido a que el Gobierno va haciendo «los deberes» para corregir el desfase entre ingresos y gastos; ni tampoco con la constatación de que poderosos vecinos, como Francia o Gran Bretaña, hayan tenido que recibir también un período de gracia para intentar retornar al escenario previo a la recesión. De hecho, las previsiones que maneja el Ejecutivo europeo para España -con un déficit del 11,2% del PIB para este año y del 10,1% para 2010- y las exigencias de ajuste presupuestario a que somete a nuestro país -a un ritmo del 1,75% de recorte anual- vienen a avalar las advertencias realizadas ayer por el comisario Almunia, quien constató que nuestro país tiene un menor margen de maniobra por efecto de la rápida y aguda descompensación entre lo que ingresa y lo que gasta; el acelerado incremento de la deuda pública; y la elevada tasa de paro. En este contexto y teniendo en cuenta las propias previsiones del Gobierno -un déficit del 9,5% para 2009 y del 8,1% para el siguiente ejercicio-, supondría un gesto de voluntarismo concluir que España ha enfilado la senda de la definitiva corrección gracias al retraimiento en el gasto público y la mayor presión fiscal prevista en los Presupuestos para 2010. La confianza en que las previsiones más optimistas se verán refrendadas por una paulatina recuperación de nuestra economía conforme avance el próximo año no basta para contrarrestar los lastres que vamos acumulando a lo largo de una crisis de la que, según la mayoría de las predicciones, saldremos más tarde y más lentamente. Y el déficit puede convertirse en un problema endémico si, ante las incertidumbres aún existentes, no se racionaliza el gasto de todas las administraciones y no se afrontan las reformas laborales y las dirigidas a sostener el sistema de pensiones que con tanta insistencia siguen reclamando las instituciones europeas.