Imputan un delito contra la salud pública al dueño de una tienda de cereales por vender plaguicidas

Efectivos de la Guardia Civil de Cádiz pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) han imputado al propietario de un establecimiento de Arcos, únicamente autorizado para la venta de cereales, la comisión de los delitos de intrusismo profesional y contra la salud pública, tras intervenirle gran cantidad de productos fitosanitarios prohibidos y de medicamentos veterinarios.

Según indicó el Instituto Armado en un comunicado, los hechos tuvieron lugar cuando agentes del Seprona tuvieron conocimiento de que en dicho establecimiento se podía estar comercializando productos fitosanitarios prohibidos y medicamentos sin la obligatoria prescripción facultativa.

Así, una vez inspeccionado el establecimiento, se hallaron en su trastienda 190 envases de medicamentos, en diferentes presentaciones (sobres, pastillas o emulsiones), todos ellos sometidos a prescripción veterinaria y que eran comercializados sin receta médica.

Igualmente fueron localizados en un almacén anexo 440 kilogramos y 412 litros de plaguicidas de uso fitosanitario y zoosanitario, entre los cuales se encontraban 184 litros de productos en cuya composición se hallaban sustancias prohibidas por la CEE, tales como Malatión, Haloxifop-R y Diclorvos.

El establecimiento carecía de autorizaciones de los departamentos autonómicos de sanidad vegetal y animal para la comercialización de productos plaguicidas y medicamentos veterinarios y no llevaba a cabo ningún tipo de control documental de las operaciones de venta, siendo obligatorio el LOM (libro oficial de movimientos de productos tóxicos y peligrosos) y su propietario carecía de habilitación profesional para la actividad.

Además en el local se comercializaban sin autorización y careciendo de las medidas de seguridad alimentaria aves y productos para la alimentación humana. Por ello, imputaron al gerente del comercio por vía penal los delitos de intrusismo profesional y contra la salud pública, siendo puesto a disposición judicial junto a los productos intervenidos.