PNV,Aralar, EA y EB rechazan a ETA y la ley de partidos

El PNV, Aralar, EA y EB han presentado una enmienda en el Parlamento vasco en la que rechazan la violencia de ETA y también la ley de partidos. Los cuatro grupos han presentado una enmienda de totalidad a la proposición que ha presentado el PP, que se debatirá mañana, en la que se pide el respaldo del Parlamento Vasco a la sentencia del tribunal de Estrasburgo que acepta la ley de partidos.

En su enmienda, los nacionalistas y EB han destacado por una parte "el carácter ilegitimo de la violencia practicada por ETA, el rechazo a la misma y la defensa inequívoca de los derechos humanos de todas las personas". Por otra, también han expresado "su posición contraria a la Ley de partidos, porque su aplicación ilegalizando organizaciones políticas limita y anula derechos fundamentales y libertades básicas como la libertad ideológica, de expresión, de asociación o de participación política y afecta, además, directa y negativamente a la convivencia de nuestro pueblo".

Para el PNV la sentencia de Estrasburgo "no se pronuncia ante la Ley de Partidos como si esta hubiera sido impugnada" y vuelve "a poner el contador a cero para el mundo de la autodenominada izquierda abertzale que tiene que tener claro que el tiempo de ETA ha terminado". De igual forma considera que vuelve a poner sobre la mesa "la necesidad de que la izquierda radical abertzale, por su propia supervivencia, dé los pasos necesarios y definitivos para pronunciarse ante la tutela de la política por parte de la violencia".

El vicecoordinador de Aralar, Jon Abril, considera que la sentencia supone un grave paso atrás porque va en contra de los derechos básicos y porque prioriza la seguridad ante los derechos . Para Abril, la sentencia de Estrasburgo es conservadora y retrógrada. Antepone la seguridad a la libertad, haciendo suyos los planteamientos ideológicos que defienden las fuerzas de extrema derecha, y dejando los derechos humanos, los derechos civiles y políticos, en un segundo plano. En definitiva, considera que conlleva una limitación de los derechos básicos y que se trata de un paso atrás para la democracia.

Eusko Alkartasuna ha afirmado que la decisión es una "mala noticia para la democracia" y "perpetúa una mayoría artificial" en el Parlamento vasco que no coincide con la mayoría social y política. La resolución "confirma que se deja fuera del juego político a miles de ciudadanos" vascos. A su juicio, esta decisión evidencia que la evolución política, legal y jurídica en el contexto europeo está avanzando en un sentido "cada vez más restrictivo" y está anteponiendo conceptos como la seguridad y la actuación preventiva sobre las libertades individuales y colectivas.