Cataluña quiere que las plusvalías de las recalificaciones reviertan en los municipios

La Generalitat de Cataluña pondrá en marcha antes de fin de año un paquete de medidas contra la corrupción y a favor de la transparencia. Los casos 'Millet' y 'Pretoria' han hecho mucho daño en la opinión pública y han disparado la preocupación del Gobierno autónomo por el crecimiento del descrédito de la clase política y por los efectos que los episodios de corrupción puedan tener en las próximas elecciones catalanas.

Las medidas anunciadas ayer por el Gobierno catalán atacan tres frentes: las recalificaciones urbanísticas, las finanzas municipales y las subvenciones que reciben las fundaciones y asociaciones, así como el control que se hace de esas aportaciones. El objetivo es, según la Generalitat, «ofrecer más transparencia y evitar nuevos casos que desprestigien» la maltrecha clase política catalana y sus instituciones. «Yo soy de los que pienso que los casos que nos ocupan, en el campo que sean, son más la excepción que a la regla, que no la norma», dijo el consejero catalán de Obras Públicas, Joaquim Nadal. «El Govern pone una barrera infranqueable y dice: tomaremos todas aquellas medidas que signifiquen una mejora de la transparencia y avances en los mecanismos de control de todo lo que represente dinero de por medio», señaló Nadal.

El urbanismo, en el centro de la polémica por el 'caso Pretoria', urdido en Santa Coloma de Gramanet, acapara una buena parte de las medidas. Así, los convenios urbanísticos deberán ser publicados en su conjunto y habrá un registro de propietarios de terrenos recalificados y de los compradores.