El 'caso Spanair' se reactiva al fin

El caso Spanair se reactiva tras quince meses prácticamente parado. Tras multitud de gestiones, el juez que instruye el sumario sobre el accidente de Barajas, que el 20 de agosto de 2008 costó la vida a 154 personas, ha conseguido una comisión de expertos independientes que investigue las causas del siniestro. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid informó ayer de que el magistrado Javier Pérez ha constituido ya el «órgano pericial colegiado» que deberá emitir el informe definitivo sobre qué falló en el vuelo JK5022.

Esta comisión, que prestó juramento el pasado 30 de octubre en secreto para evitar presiones, estará integrada por seis especialistas: dos pilotos, dos ingenieros aeronáuticos superiores y dos ingenieros técnicos aeronáuticos.

Estos especialistas no tienen plazo alguno para emitir el informe que servirá como base para la sentencia del magistrado. No obstante, Javier Pérez contará con otro atestado, el elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), dependiente del Ministerio de Fomento y con la que colaboran Boeing y Spanair, dos compañías con intereses directos en la causa.

Una tortura

Encontrar a unos peritos independientes y que no estuvieran contaminados para comparar sus informes con los del Ministerio de Fomento ha sido una verdadera tortura para el juez. El último revés para el instructor surgió en junio, cuando la Agencia Europea de Seguridad Aérea le comunicó que no pensaba colaborar con el juzgado, no por falta de especialistas, sino porque «los peritajes de esta naturaleza no son de su competencia».

Pero los problemas para el juez habían empezado antes. El 18 de marzo, los dos especialistas elegidos al azar para investigar las causas fueron recusados porque «no cumplían los imprescindibles requisitos de imparcialidad». El problema se repitió con los cuatro sustitutos. Tres de ellos manifestaron al magistrado su «incapacidad para emitir un informe sobre el accidente». El que quedaba, y que se consideró con conocimientos suficientes, admitió conocer a uno de los imputados, circunstancia que le incapacitaba para testificar.

No fueron esas, sin embargo, las únicas complicaciones a las que se ha enfrentado el juez Pérez en esta tortuosa instrucción. El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) comunicó al togado hace meses que cuatro de los cinco pilotos a los que había consultado cuestiones técnicas eran afiliados de la central, que, a su vez, está personada en la causa en ejercicio de la acción popular. El magistrado se desesperó. Tuvo que reconocer que su filiación «podría arrojar dudas sobre su imparcialidad en el ejercicio de su función pericial», y los apartó de la causa, sabedor de que era muy difícil encontrar pilotos que puedan ser peritos porque la mayoría están afiliados al SEPLA.

Esta cascada de problemas ha hecho que hasta ahora la causa estuviera prácticamente paralizada. La investigación sigue en fase de interrogatorios de testigos y personal técnico.

El juez mantiene como imputados a un mecánico y al jefe de mantenimiento de Spanair en Barajas, a los que les atribuye 154 delitos de homicidio imprudente y 18 de lesiones.