La Audiencia enfría las expectativas de hallar una solución jurídica al secuestro

Los familiares de los marineros del Alakrana acudieron ayer a Madrid en busca de una solución para la situación de los suyos, pero sólo encontraron buenas palabras y garantías de que el Gobierno hace todo lo que puede: no escucharon medidas concretas y regresaron al País Vasco y a Galicia sin certezas de cuál será el próximo paso. Un movimiento que en el terreno legal, el más controvertido, el Ejecutivo dejará en manos de la Audiencia Nacional. Así lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores, quien apuntó que será este tribunal el que decida qué hacer con los dos piratas somalíes apresados, cuya entrega a Somalia parece ser un requisito sine qua non de los secuestradores.

Las mujeres se vieron primero con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y la cita enfrió las expectativas de los allegados a los marineros para encontrar una solución jurídica a la crisis. En un encuentro de poco más de media hora, Juanes comentó a las dos representantes de las familias las dificultades legales que supondría devolver a Somalía a los dos piratas encarcelados y pidió cautela para no entrar en el juego chantajista de los captores.

Visiblemente afligidas por una espera que ya dura 41 días, la hija del patrón del pesquero, Cristina Blach, y la hermana del capitán, Argi Galbarriatu, abandonaron la sede judicial con gesto serio y pocas ganas de hablar, a diferencia de la locuacidad mostrada en los días previos. «Es un momento muy delicado, no podemos hacer declaraciones, tenéis que comprenderlo», comentaron al nutrido grupo de informadores que aguardaba su salida.

En todo caso, se trató de un encuentro cordial, en el que el presidente de la Audiencia Nacional explicó la situación del procedimiento judicial que instruye el magistrado Santiago Pedraz contra los dos piratas y transmitió su deseo para una pronta resolución del secuestro, según reconocieron fuentes judiciales. Juanes no quiso pronunciarse sobre las posibilidades legales de usar la vía de la expulsión en virtud de la Ley de Extranjería, una petición formulada tanto por los familiares de los tripulantes como por el nuevo abogado del pirata Abdu Willy, Francisco Javier Díez Aparicio.

Después, el grupo de familiares se trasladó al Palacio de La Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Llegaron a media tarde en dos autobuses y dialogaron durante más de dos horas. El presidente informó a las mujeres de las gestiones que lleva a cabo el Gobierno. Tras la reunión, el jefe del Ejecutivo dijo en los pasillos del Congreso que transmitió a los familiares su «solidaridad y apoyo» ante la delicada situación. También dio garantías a sus interlocutoras de que el Gobierno «está trabajando intensamente» en la búsqueda de una solución.

Zapatero escuchó con atención las preocupaciones de los allegados de los 16 marineros españoles retenidos y solicitó prudencia en sus declaraciones para que los piratas no saquen partido de su angustioso estado de ánimo. El presidente del Gobierno instó a las esposas, madres, hijas, hermanas y novias de los marineros a que confíen en la labor diplomática que el Ejecutivo lleva a cabo.

Las peticiones de cautela verbal que formuló tanto Zapatero como el presidente de la Audiencia Nacional surtieron efecto porque las mujeres mantuvieron un férreo silencio a la salida de los tribunales y de la sede de la Presidencia del Gobierno.

En paralelo a esta cita, el gabinete de crisis del Gobierno se reunió en el Congreso bajo la dirección de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, ausente este fin de semana por un viaje oficial a Argentina, en un cónclave al que acudieron los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, el director del Centro Nacional de Inteligencia, el jefe del Estado Mayor de la Defensa y el secretario general del Mar. Miguel Ángel Moratinos volvió a hacer las veces de portavoz y confirmó que los marineros se encontraban bien y que contaban con agua potable y víveres. La titular de Defensa, Carme Chacón, también confirmó que «todos» los tripulantes estaban bien y aseguró que el Gobierno hace «todos los esfuerzos» para que la liberación se produzca «cuanto antes».

Jefes tribales

El jefe de la diplomacia detalló el estado de las negociaciones y explicó que había conversado con el embajador español en Kenia, Nicolás Martín Cinto, quien había comentado que el Gobierno somalí mantenía la mediación con los jefes tribales locales que controlan el comercio de la piratería. Moratinos reveló que a las conversaciones se habría incorporado un «elemento importante», el titular del departamento del Interior somalí, natural de la ciudad de Haradere, bastión pirata y en cuya orilla fondea el Alakrana.

El ministro de Asuntos Exteriores aseguró que el Gobierno «exploraba todas las vías» para solucionar la crisis, entre ellas las judiciales y legales, aunque todavía «no se había adoptado una vía definitiva», dijo. Pero instantes después precisó y dejó la última palabra legal en manos de la justicia. «Exploraremos la vía que el Gobierno apunte y la Audiencia Nacional decida», resumió.

El Ministerio de Defensa, a su vez, tiene previsto trasladar en los próximos días a las Islas Seychelles 71 agentes de seguridad para que se embarquen en los atuneros españoles que faenan en aguas somalíes. Los guardias privados siguen en estos días cursos de preparación en la base naval de Cartagena.