Los condenados por maltrato podrían perder la custodia y el derecho de visita a los hijos

Los maltratadores que actuén bajo los efectos del alcohol o las drogas podrían ver agravada su condena si prospera una iniciativa que ha puesto de acuerdo a todos los grupos en el Congreso. Con el respaldado de una holgada mayoría, la Cámara ha pedido al Gobierno que los efectos de las bebidas alcohólicas o de las sustancias estupefacientes se consideren una agravante específica y no una circunstancia atenuante o eximente en los delitos relacionados con la violencia de género, al igual que ocurre en los delitos contra la seguridad vial.

Así se recoge en el informe (PDF) de conclusiones de la Subcomisión del Congreso sobre violencia machista, que ha sido aprobado con el apoyo del PSOE, PP, CiU y BNG, aunque 'populares' y nacionalistas catalanes se reservan la posibilidad de presentar un voto particular en el que incluir nuevas reclamaciones que hasta ahora no han sido incluidas en el texto. Los grupos seguirán negociando durante esta semana el documento definitivo, que será votado el martes que viene en la Comisión de Igualdad. El documento final se enviará al departamento dirigido por Bibiana Aído para que lleve a cabo las recomendaciones que considere oportunas. En estos momentos, el hecho de haber cometido delitos machistas bajo los efectos del alcohol o de las drogas es una circunstancia que puede rebajar o incluso anular la pena del maltratador.

Pérdida de custodia

El documento también recoge que la condena firme por un delito de maltrato conlleve la pérdida de la custodia de los hijos menores y del régimen de visitas para el agresor. Esta es otra de las propuestas de la subcomisión, que ha cerrado el eje central del documento tras nueve meses de trabajo. En el apartado dedicado a la protección de los hijos que conviven con una situación de maltrato, se recomienda que la condena firme por un delito de violencia de género conlleve la pérdida de la custodia de los menores y del régimen de visitas para el agresor. En una redacción anterior del mismo informe, conocida la semana pasada, se apostaba por que en el momento de admitirse a trámite la denuncia se procediera a la suspensión cautelar del régimen de comunicación y visitas de los hijos con el padre.

En cuanto a los menores, la subcomisión defiende que la orden de protección sea extensiva a ellos; se opone a la mediación familiar cuando hay maltrato y aboga por la asistencia psicológica a los niños si es necesario. También pide más financiación para los recursos sociales destinados a las víctimas y que éstas y sus hijos sean atendidos en centros de atención integral a las víctimas.