Baza de presión

El anuncio por el fiscal general de Teherán de la acusación de espionaje contra tres ciudadanos estadounidenses detenidos a finales de julio, cuando al parecer hacían senderismo en la frontera con el Kurdistán iraquí, no puede desligarse del singular momento en que se encuentran las relaciones de Irán con la comunidad internacional. La secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton -presente en los actos conmemorativos del vigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín-, optó por mantener una exquisita diplomacia y pedir al régimen que se muestre compasivo ante la falta de fundamento de las imputaciones contra sus compatriotas. Unas imputaciones que llevan aparejado un delito castigado en el país con la pena de muerte y que tienen todas las trazas de responder a una inaceptable estrategia de presión por parte de las autoridades iraníes, ya ensayada hace unos meses cuando la exoneración de la periodista Roxana Saberi, condenada tras un proceso similar, propició la puesta en libertad de cinco iraníes retenidos por EE UU en Irak. Sólo así, como una intolerable vuelta de tuerca a su política de tensión, puede entenderse la amenaza que comporta la acusación contra los tres ciudadanos estadounidenses, de los que se carece de informaciones fidedignas; y a los que se ha decidido apuntar formalmente por espionaje cuando Irán tiene pendiente su respuesta oficial al plan avalado por EE UU, Rusia y Francia para dar salida diplomática a su controvertido programa nuclear. Es posible que, utilizando la baza de los detenidos, el Gobierno de Ahmadineyad y el régimen en su conjunto traten de silenciar sus propios dilemas internos, ante la disyuntiva que supone la propuesta internacional para que enriquezca en el exterior el uranio que dice precisar para fines civiles.

Los dirigentes iraníes saben que la vía de la negociación no sólo les interpela a ellos, en un momento en el que sigue sin apagarse, pese a la represión, la llama de las protestas desatadas en verano tras la reelección de Ahmadineyad; también compromete a las potencias involucradas en el acuerdo, ante la dificultad de promover otra solución que no pase por el amedrentamiento militar.