El administrador de Credijerez declara hoy como imputado en un presunto delito de estafa

La familia Soto saltó a la primera plana de los medios locales y nacionales en julio de 2007, cuando perdió su vivienda en el Polígono de San Benito. El motivo, un desahucio que pesaba sobre la misma por una refinanciación de deudas suscrita con una empresa que antes era la conocida como Credijerez. El problema de esta familia jerezana, que se sustenta con los trabajos temporales de Antonio Soto en la construcción, se remontaban ya a un año antes, cuando acumuló una deuda de 18.000 euros. Antonio acudió entonces a los servicios de la referida firma, donde le concedieron un crédito de 38.200 euros y le anunciaron que rehipotecarían su piso para ir pagando poco a poco.

Según ellos mismos, saldaron su deuda inicial, pero nunca recibieron el dinero restante del préstamo ni se rehipotecó la vivienda. Así, sin poder hacer frente al pago de las letras, los intereses se fueron acumulando hasta que la cifra que adeudaban ascendió a 60.000 euros, o, lo que es lo mismo, uno diez millones de las antiguas pesetas.

La lucha judicial

Los requerimientos se sucedieron hasta que un juzgado dictó el mencionado desahucio. La familia Soto, sin embargo, se atrincheró en su vivienda y tuvo que ir la Policía Nacional a tirar la puerta abajo y sacarles a la fuerza, una acción que incluso fue retransmitida por numerosas televisiones nacionales. Acabaron consiguiendo, después, una vivienda de renta baja que les cedió el Ayuntamiento, pero su lucha contra Credijerez no cesó. Interpusieron una denuncia contra la empresa, sumándose, así, a la interpuesta por otros afectados que argumentan también sentirse engañados y estafados por la misma.

El Juzgado de Instrucción número 3 admitió la denuncia de Antonio Soto y otra supuesta víctima, Rafael Romero -existen otras en otros juzgados-. Su titular ordenó, incluso, una investigación a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional (UDEV) y el resultado de la misma propició la instrucción de diligencias y la imputación de cuatro personas.

Los afectados

Una de ellas, el que fuera administrador único de Credijerez, es precisamente la que está citada a declarar hoy, a las doce del mediodía, ante el juez que instruye el caso. Y la noticia, como cabía esperar, ha sido recibida con satisfacción por el colectivo de afectados, muchos de los cuales han vivido situaciones similares a las de Antonio Soto. Un portavoz del mismo señalaba al respecto que supone «un giro extraordinario» en el caso, además de un soplo de esperanza para todos ellos.

Eso sí, reclaman «celeridad judicial» en el proceso de instrucción. Y, sobre todo, que se pongan los medios necesarios para «evitar que nuevos ciudadanos y ciudadanas caigan en las redes de este tipo de entidades».