El Gobierno encuentra un resquicio legal para enviar a los piratas a Somalia

El Gobierno cree haber encontrado un resquicio legal para permitir que la Audiencia Nacional dé luz verde a la entrega de los dos piratas encarcelados en España. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigor el 5 de noviembre, abre la posibilidad de extraditar a los criminales que atenten contra ciudadanos o intereses españoles, siempre que el país donde se cometieron los delitos garantice que los acusados van a ser sometidos a un proceso con todas las garantías.

En cualquier caso, advierten fuentes gubernamentales y jurídicas, el Ejecutivo sólo puede «dar un instrumento a los jueces», porque la última palabra será siempre de la Audiencia Nacional.

El primer problema para intentar explorar esta vía es que España no tienen tratado de extradición alguno con Somalia. Según informaron responsables gubernamentales, Exteriores ya ha empezado a tratar este asunto con las autoridades del país africano. La firma de este acuerdo, que debería hacerse a contrarreloj, fue uno de los puntos que estudiaron en su reunión del domingo en Nairobi el embajador español en Kenia, Nicolás Martín Cinto, y el primer ministro somalí, Omar Abdurashid Sharmarke. Las autoridades somalíes se mostraron favorables a suscribir este convenio y a reclamar la extradición (condición 'sine qua non'), si bien estiman que harían falta tres o cuatro semanas para cerrar la redacción del texto y que entre en vigor.

Salvado este escollo, la solución pasa por el nuevo texto de LOPJ. Aunque el objetivo de la reforma era poner freno a la aplicación de la justicia universal y a la avalancha de procesos en la Audiencia que nada tenían que ver con España, el legislador, sin pretenderlo entonces, abrió una ventana a la esperanza para la resolución de crisis como la del 'Alakrana'.

La reforma aprobada modifica el artículo 23 de esa norma, que da jurisdicción a España para entender de delitos de piratería, genocidio o terrorismo en los que se haya «acreditado» que «sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española». La modificación reciente permite, no obstante, que España abandone la instrucción si «en otro país competente o en el seno de un tribunal internacional se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles».

«El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere el párrafo anterior», apunta la nueva ley, en alusión al lugar en el que se cometieron los delitos.

Justicia somalí

El problema -señalaron responsables diplomáticos- es conseguir que la justicia de Somalia abra un «proceso real con garantías para los estándares occidentales» que pueda ser aceptado por la Audiencia Nacional. En principio, debería ser la Fiscalía la que pida la inhibición de Pedraz a favor de la justicia somalí. El magistrado normalmente dejaría el asunto en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Este órgano, el 2 de noviembre, confirmó la competencia de los tribunales españoles para enjuiciar a 'Raageesey' y a 'Abdu Willy', como prevén las leyes internacionales.

El juez Baltasar Garzón confirmó que existen «opciones» legales para salir de este embrollo sin ceder al chantaje: «No creo que los jueces se vayan a dejar presionar porque tienen que actuar conforme a la legalidad, pero esa legalidad permite muchas opciones», insistió. «Las alternativas son muchas», insistió.