Batas blancas contra los malos tratos

La lucha contra la violencia de género se alía con el sistema de salud para reforzar la vigilancia. Los centros sanitarios se han convertido en verdaderos detectores del problema que sigue engordando cifras en la estadística año tras año. A la atención que ofrecen le han sumado una labor de observación y para ello cuentan con una estrategia cada vez mejor armada en lo que ha sido determinante la implicación de los profesionales. Sólo en el primer semestre del año, ambulatorios y hospitales han dado parte de 495 atenciones a víctimas de malos tratos en la provincia, según los datos facilitados por la Delegación de Salud. Lejos de lo que se pueda pensar, la mayoría de ellas pasaron por una consulta de atención primaria -un total de 290-, las demás fueron atendidas por especialistas, fundamentalmente en las unidades de Urgencias.

Se trata de una labor de la que se conoce poco, pero que resulta fundamental para la detección de casos e incluso la condena de los maltratadores. De sobra es conocido que cualquier facultativo tiene la obligación de dar parte cuando intuye que hay un delito, pero ese proceso puede tener un recorrido en el juzgado si la víctima lo respalda con su propia denuncia. El modo de proceder no es aleatorio en ninguno de los casos. Obedece a un protocolo que da instrucciones sobre qué hacer ante cada situación. Pero para dar cuenta de la función de los sanitarios sólo hay que echarle un vistazo a las cifras. Durante el año pasado se remitió a la justicia un total de 1.059 atenciones médicas a mujeres víctimas de violencia sexual y de género y el número de denuncias puestas por las propias afectadas ascendió a 4.542, por lo que la comunicación del médico formó parte del 23% de los procesos realizados.

Estrategias

Más allá de las proporciones, la implicación de los profesionales ha sido cada vez más alta. Tal es así que la Administración sanitaria llegó a crear un registro de atención de malos tratos y abuso sexual hace ya casi diez años y desde entonces el aumento de notificaciones ha ido creciendo. Desgraciadamente también lo ha hecho la estadística general y el número de víctimas mortales.

No así, aún son muchas las que deciden echarse atrás y retirar la denuncia. Durante el año pasado fueron 354, algo menos del 8% del total y hasta junio se cancelaron 213 procesos, un 11%. Cuando la acusación va acompañada de un informe médico salen adelante con más facilidad, pero de éstas también se terminan retirando en torno a un centenar cada año.

La principal dificultad aparece a la hora de detectar qué pacientes puede ser una víctima real de malos tratos. Para ello la experiencia del médico es una buena herramienta, pero ante la duda resulta útil recurrir a los perfiles. La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Dolores Virués, reconoce que no es fácil, pero «resulta significativo cuando una usuaria de entre 30 y 45 años acude más veces de la cuenta a la consulta sin motivo aparente con problemas relacionados con depresiones o estrés». En este caso, «es muy recomendable hacer un seguimiento», advierte.

El maltrato invisible

Ahí es donde comienza la labor preventiva sobre todo en los casos que no se denuncian y que no dan lugar a una comunicación por parte del médico. «Siguen llegando muchas víctimas que no se atreven a hablar abiertamente del problema», recalca Virués, de ahí la importancia de que el profesional sanitario esté alerta ante los posibles síntomas, muchos de ellos de índole psicológica. Es difícil, pero se le termina dando caza. Cuando la mujer se niega a hablar y oculta sus lesiones o su estado de ánimo en la torpeza o la edad es necesario hacerle saber que no está sola.

La participación de los servicios sanitarios resulta fundamental y para ello se ha configurado una serie de cuestionarios y actuaciones que han destapado más casos de los que se esperaba. Algunos en mujeres jóvenes que se estaban adaptando a un modo de vida totalmente supeditado a su pareja. Justo ahí pone el acento la coordinadora del IAM, que considera necesario llevar la perspectiva de género a los tratamientos que se administren a pacientes que pudieran ser víctimas de malos tratos.

Cuando la agresión es evidente, el modo de proceder es claro. Desde el SAS explican que la atención a la mujer maltratada «garantiza la discreción, la intimidad y la confianza». Una vez realizada la comunicación, se evaluarán las lesiones y se cumplimentarán los partes que servirán de prueba ante el juez.

En todo el proceso, la actuación de la paciente «nunca debe ser juzgada», recalca Dolores Virués. Así, defiende con vehemencia la «necesidad de comprensión» hacia estas mujeres. «No se debe arremeter contra ellas si deciden seguir con su pareja o retirar la denuncia y eso tampoco debe afectar al buen hacer del médico en casos futuros, porque su situación no es fácil».