Más integración

L a Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) culminada por el INE en 2008 ofrece una radiografía de la percepción que tienen de sí mismos quienes sufren algún tipo de minusvalía o incapacitación y de la respuesta socio sanitaria que ofrece el Estado a una realidad insoslayable. Según el estudio, un 8,5% de la población española presentaría algún tipo de discapacidad, lo que se traduce en casi cuatro millones de ciudadanos cuya singularidad en necesidades y demandas supone un desafío no sólo en el terreno de la atención especializada que pueda prestárseles; también en el de su integración en una sociedad cuyo progreso se mide no únicamente en términos económicos, sino también de solidaridad y compromiso con las dificultades que tienen repercusión colectiva. El hecho de que nueve de cada diez entrevistados aseguren que su discapacidad no les hace sentirse excluidos no implicaría tanto que no se produzcan situaciones de discriminación, como que quienes podrían sufrirlas no las perciben. Un dato que es esperanzador, pero que obliga a no bajar la guardia ante las trabas o los escollos con que aún tropiezan estas personas. Esos obstáculos no son evitables en su totalidad. Sin embargo, factores como las barreras a su incorporación al mercado laboral indican que existe todavía un espacio donde es posible avanzar para que los ciudadanos discapacitados puedan sentirse miembros plenos de la sociedad en la que viven.

Ese espacio para la mejora también comprende, y de manera esencial, la prestación de los servicios sociosanitarios, a los que han accedido 2,2 millones de personas aunque 200.000 dicen carecer de ellos aunque los necesiten. Tanto la adecuada aplicación de la Ley de Dependencia como de otras medidas asistenciales parten en nuestro país con el lastre de una falta de estructuración sistémica que perfeccione la atención y haga más eficaces los recursos disponibles, hoy menguantes por la crisis. Ello exigiría la promoción de un modelo homologado de servicios sociales en todo el país; así como un efectivo cambio de concepción que evite, más allá del ámbito de los afectos familiares y de lo que sea aconsejable para el propio sostenimiento del sistema, la sobrecarga de los cuidadores, que continúan siendo en su gran mayoría mujeres impelidas a importantes renuncias personales.