La Junta pide al Gobierno que subsane los problemas de Las Aletas antes de 2010

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, señaló ayer que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el parque de Las Aletas no decreta la nulidad del plan que recoge este proyecto, sino que tan sólo considera nulos «algunos aspectos» que «son subsanables». Griñán informó de que el consejero de Empleo y vicepresidente del Consorcio de Las Aletas, Antonio Fernández, mantuvo el martes una reunión en Madrid con el Gobierno central para analizar las repercusiones de esta sentencia, que -según la Administración autonómica- no decreta la nulidad del polígono Las Aletas.

Fernández explicó que el fallo del Alto Tribunal anula un acuerdo del Consejo de Ministros que sólo afecta a parte de los terrenos del proyectado polígono, de 527 hectáreas, de las que 120 son aportadas al consorcio por la Junta y que no tienen «ningún tipo de problema», por lo que la sentencia sólo afecta a las 320 hectáreas restantes. La sentencia del TS recoge, según ha explicado el consejero de Empleo, cuatro «elementos básicos» subsanables, uno de los cuales indica que el acuerdo del Consejo de Ministros debe ser más claro en la finalidad del polígono, mientras que también se debe concretar qué tipo de industrias pondrán instalarse en estos terrenos. Asimismo, fijar la duración de la reserva demanial es otro de los aspectos que, según la sentencia del TS y en opinión del consejero, se pueden subsanar, por lo que Fernández ha pedido al Gobierno central que el Consejo de Ministros apruebe, «en una fecha razonable» y antes de que finalice el año, un nuevo acuerdo para poder desarrollar en su totalidad el polígono de Las Aletas.

120 hectáreas

Sin embargo, ha subrayado que el Consorcio de Las Aletas puede continuar porque dispone de las 120 hectáreas aportadas por la Junta. Por otro lado, CC OO señaló ayer que el parque «debe y tiene que convertirse en el motor industrial de la Bahía de Cádiz» y exigió la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para asegurar su continuidad. La Comisión Ejecutiva Provincial de UGT Cádiz -reunida ayer en Grazalema- solicitó una reunión urgente del Consejo para el desarrollo socioeconómico de la provincia. Su secretario regional, Manuel Pastrana, y su homólogo en CC OO-A, Francisco Carbonero, también pidieron a la Administración central que resuelva la situación cuanto antes. El coordinador provincial de IU en Cádiz, Manuel Cárdenas, señaló al PSOE como «responsable directo» de la sentencia del TS hecha pública el pasado viernes y que impide el desarrollo del proyecto en 287 hectáreas que tienen la condición de dominio público marítimo terrestre.