La encrucijada de Las Aletas

El proyecto del parque logístico de Las Aletas se encuentra en una difícil encrucijada a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que aclara que su construcción en la zona de dominio público marítimo terrestre vulnera la Ley de Costas. El efecto que ha tenido la denuncia interpuesta por la asociación ecologista Adena ha supuesto un varapalo para el desarrollo del que iba a ser el tercer parque empresarial de Andalucía, junto con el de Sevilla y Málaga.

El fallo del Supremo obliga ahora a las administraciones a tomar una decisión. Hay varios caminos a seguir, todos ellos complicados, costosos y eternos. Por un lado está la posibilidad de redactar un nuevo proyecto de construcción con una extensión inferior al actual. Será como partir de cero y no hay que olvidar que el pistoletazo de salida a Las Aletas se dio en 2003. La segunda variable es hacer un nuevo deslinde en las 500 hectáreas afectadas y reordenar el plan, algo poco probable. La tercera opción que se baraja es la desafectación de los terrenos que son de dominio público y, sobre los que el Alto Tribunal, ha fallado. Son en total 287 hectáreas de las 500 que ocuparía el parque empresarial de Las Aletas.

En estos momentos los servicios jurídicos del Gobierno central y los gabinetes técnicos de la Junta trabajan a contrarreloj para arbitrar una solución intermedia que permita salvar el proyecto sin que su salida adelante suponga un quebranto económico para las arcas públicas ni una incertidumbre en el tiempo. La presidenta del Consorcio de Las Aletas, Juana Lázaro, su vicepresidente, Antonio Fernández, y el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, ya han mantenido los primeros contactos para despejar dudas y advertir que el proyecto es irreversible. La Administración tiene que concretar ahora cómo y en qué tiempo. La primera conclusión que se tiene tras la sentencia del Supremo es que la primera fase del polígono no estará abierta antes de 2012. La paralización de las obras arroja un jarro de agua fría al proyecto y lo deja, de momento, en el aire.

El Consorcio iniciaba el pasado septiembre las obras de urbanización del parque después de dos años de tiras y aflojas con los propietarios de los terrenos, debido al complejo y azaroso proceso de expropiación que se ha llevado a cabo. Pese a ir a la expropiación forzosa, los grandes propietarios de terrenos, caso de la compañía Dehesa Norte, mantienen el litigio con la Junta por el justiprecio. La sentencia del Supremo afecta directamente a las 287 hectáreas de dominio público marítimo terrestre, expropiadas a Dehesa Norte y a la familia Derqui. En esta porción de terreno es donde se concentran todas las obras para levantar la denomina área logística empresarial y que ha paralizado el Supremo.

Las obras podrían seguir en las 120 hectáreas restantes que nada tienen que ver con la sentencia, pero se da la circunstancia que el proceso de construcción no ha empezado por esta zona.

Este periódico contactó ayer con los abogados de Dehesa Norte que insisten en que el proyecto estaba mal concebido desde el primer momento y, lejos de querer anularlo, aclaran que no se puede llevar a cabo un proyecto de esta envergadura, con expropiaciones forzosas, con solo una reserva en el dominio público. Este gabinete considera que una de las opciones más viables para sacar el proyecto adelante es la desafectación de los terrenos. Es decir, el propio Consejo de Ministros es el que debe autorizar esta nueva calificación. De esta forma ya no estaría sujeto a la rigidez de la Ley de Costas y permitiría nuevas actuaciones. Con esta fórmula ganarían los propietarios, ya que el valor sería más elevado. Esto es lo que llevan años reclamando los grandes expropiados y que sigue en pleitos con la Junta.