Campo señala a la provincia como objetivo del Gobierno para reforzar su planta judicial

El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró ayer que Cádiz está «en el punto de mira» del Gobierno para reforzar y adecuar la planta judicial a las necesidades de la provincia y dejó un mensaje alejado de cualquier derrotismo, al considerar que hay «motivos para el optimismo» ya que este año se han creado seis unidades judiciales: uno de Instrucción y otro de Primera Instancia en Jerez, el segundo de lo Contencioso en Algeciras, el cuatro órgano mixto en La Línea y el quinto de Chiclana; además de una plaza de magistrado para la Sección Séptima de Algeciras. Esta ampliación de la planta judicial gaditana comenzará a funcionar a partir de diciembre.

Estas declaraciones del segundo del ministro Caamaño la realizó ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde el diputado del PP, José Ignacio Landaluce, le interpeló sobre las actuaciones que deben adoptarse para evitar que los juzgados de la provincia de Cádiz sean de los más saturados de España. Y es que el Consejo General del Poder Judicial ha señalado a Cádiz como la segunda provincia andaluza, después de Huelva, con una mayor congestión en sus juzgados y una de las zonas del país que presentan una peor estadística.

Juan Carlos Campo no eludió esta realidad y llegó a decir que el sistema judicial presenta «unos males endémicos» que en Cádiz «pueden verse agudizados» por ciertas particularidades de la provincia, como el número importante que tiene de partidos judiciales, algunos de los cuales cubren una población relativamente pequeña, pero ingresan asuntos muy complejos. Un ejemplo es Barbate y las operaciones de narcotráfico que se instruyen en sus juzgados.

El secretario de Estado, que es magistrado de profesión con plaza en la Audiencia Provincial, insistió en una progresión positiva, subrayando «importantes síntomas de mejoría» en la planta judicial gaditana. Ahora bien, sobre los 74.000 asuntos que hay en estos momentos abiertos en los distintos juzgados de la provincia, dijo que no quiere decir que haya asuntos atrasados si no, por el contrario, «asuntos vivos» que reflejan el gran dinamismo en la carga de litigiosidad. Una respuesta que no convenció al diputado Landaluce, quien respondió que por cada asunto resuelto, «hay más de dos atrasados y pendientes de auto o sentencia».