PGE en Cádiz: Malos, malísimos, de alto riesgo y nada creíbles

Los Presupuestos Generales del Estado para la provincia de Cádiz son malos, malísimos para Andalucía; para el Estado son de alto riesgo y a modo de síntesis les digo que no son nada creíbles. Entrar en el detalle provincial va a ser una tarea estéril, de igual modo que ya lo fue para el año 2009, en los que en el mismo mes de su entrada en vigor, el Consejo de Ministros acordó cambiar todas sus previsiones macroeconómica, dejándolos prácticamente inservibles como instrumento de política económica.

En cualquier caso, haré un esfuerzo ímprobo de análisis de lo que se escenifica en el Proyecto de Presupuestos para Cádiz, presentados y vendidos por los adalides provinciales del PSOE. La previsión de inversión per cápita en la provincia se sitúa en los 560 euros, una cifra superior a la media nacional, establecida en 504 euros. De la cifra absoluta inversora de 849 millones de euros que se supone se invertirían en Cádiz en 2010, un total de 488 son partidas del Ministerio de Fomento. La práctica totalidad de éstas son partidas necesarias para la continuación de obras ya en ejecución y que se paralizarían. Son meramente testimoniales y de cara a la galería, las partidas del nudo de Tres Caminos con 100.000, irrisoria es la cifra presupuestada de los enlaces ferroviarios de conexión de las dos bahías, de vital importancia para el desarrollo de la provincia como centro logístico de carácter internacional. Tampoco se beneficia el enlace ferroviario Algeciras-Boadilla.

La pregunta que nos debemos hacer, ¿sirven estos Presupuestos?, la respuesta categórica, no. Para nada sirven cuando sólo se percibe un aumento del gasto corriente y social. Éste aumento sólo es adecuado cuando previamente se crean las condiciones susceptibles de crear riqueza para posteriormente poderlas redistribuir. No se recogen prácticamente medidas tendentes a la mejora de la economía real, que son las que nos sacarán de la crisis. Ello hubiera exigido austeridad y una batería de normas legales en la Ley de Acompañamiento que posibiliten una mayor productividad del factor trabajo y una mayor competitividad del tejido industrial. La apuesta por la industrialización se cifra en 106 millones en la Bahía de Cádiz y 40 en la Bahía de Algeciras, referidos fundamentalmente a créditos reembolsables. Y para colmo, el Tribunal Supremo anula el acuerdo del Consejo de Ministros que declaraba zona de reserva más de la mitad de las 527 hectáreas que integran esta área, por ser zona de dominio público marítimo-terrestre. Era la principal apuesta del Gobierno central y de la Junta de Andalucía para impulsar el desarrollo socioeconómico de la Bahía de Cádiz. El polígono, con una inversión prevista superior a los 300 millones de euros.

Así es que de poco sirven las cifras que se contemplan en el proyecto de Presupuestos. Los Presupuestos para 2009, nada de nada, por haberse conformado sobre un cuadro macroeconómico irreal, que poco dice de la importancia del concepto de seguridad jurídica. Ahora, éste preciado principio que debe presidir el devenir del Estado de Derecho en general y las relaciones económicas en particular, vuelve a hacer aguas con el más que previsible fallo judicial del Tribunal Supremo. Y todo debido al exceso de ocurrencia, a la improvisación permanente y desde luego de la falta de sentido común de todos los que desde cualquier administración nos gobierna. Como se nota que el dinero que gestionan no es de ellos, porque es de todos. Aunque no lo parezca. Si no, observemos los múltiples dictámenes del Tribunal de Cuentas y de sus homónimos autonómicos. Para echarse a temblar. El concepto de elegidos como representantes, no presume su condición de gestores. Ni mucho menos. Hay que poner patas arribas la intervención del político con carácter general en la gestión de lo público. De otra forma, otro gallo cantaría. Y ese cantar, tempranero, posibilitaría hacer realidad otro refrán, a quien madruga Dios le ayuda, le ayuda trabajando, trabajando todos, porque sólo de esa forma, laborando la totalidad de ciudadanos en edad de trabajar, es posible mantener en el tiempo el ansiado por todos Estado del Bienestar.