Once técnicos municipales presentarán la querella contra Sánchez en dos semanas

La querella que un total de once técnicos municipales presentarán contra la alcaldesa de Jerez por un presunto delito de prevaricación estará lista en dos semanas. Así lo confirmó a LA VOZ Javier Valle, presidente de la Asociación de Técnicos Municipales (ATM) que surgió hace pocos meses para defenderse de las actuaciones municipales que vayan en contra de los intereses del colectivo. En realidad, los damnificados por el recorte en las nóminas «del 40%» por parte del gobierno local son doce, aunque uno de ellos «no ha recibido todavía la notificación, por lo que todavía no puede iniciar actuaciones judiciales».

Valle explicó que «ahora mismo está en manos de un despacho de abogados de Sevilla» la querella que están ultimando contra la primera edil jerezana. En concreto, se trata de una individual, por la vía penal, y otras once reclamaciones individuales (a través de la vía social y la contencioso-administrativa) de cada uno de los perjudicados. Y es que la decisión ha supuesto una reducción «de entre el 38 y el 48%» en los salarios de estos mandos intermedios, pertenecientes a la extinta GMU, ahora Delegación de Urbanismo.

Todos están representados por el mismo despacho de abogados, gracias a la defensa de sus derechos que está ejerciendo la ATM.

«Falta de competencias»

Respecto a la querella contra Pilar Sánchez por presunta prevaricación, el presidente del colectivo explicó que «fundamentalmente tiene que ver con la falta de competencias de la alcaldesa para dictar lo que ha dictado».

Javier Valle señaló que, en todo caso, la rebaja de sueldos tendría que haberla establecido el pleno municipal, por lo que la regidora habría «usurpado las competencias» de este órgano.

También denuncian los damnificados que «se ha llegado al extremo de que ni siquiera se ha abierto una vía de diálogo» con ellos, «ni se han dado argumentos de por qué se ha tomado la decisión llevada a cabo».

De modo que los técnicos han decidido lanzarse al «ataque», pero como respuesta: «El recorte ha sido completamente desproporcionado», justifican.

Recordó el presidente de la Asociación de Técnicos Municipales que fue en el pasado mes de agosto cuando recibieron las primeras resoluciones que les notificaban los tijeretazos en los sueldos.

A partir de ahí, se han dedicado a preparar la querella. La novedad, sin embargo, es que «parece que la responsable de Recursos, Ainhoa Gil, se va a reunir con los afectados». Al menos, se abre así una pequeña puerta al diálogo.

Y si la demanda debe estar lista en un par de semanas, la sentencia sí que tardará más, teniendo en cuenta «la situación de los juzgados de la ciudad, que están atorados», indicó Valle. Pero en cualquier caso, «seguro que estará para el año que viene».

Los mandos intermedios confían que la justicia les dé la razón. Otra actuación paralela que están llevando a cabo es pedir los expedientes que justifiquen «cómo se han levado a cabo las resoluciones», explicó el presidente de la ATM.

«No nos extrañaría que estén montando dichos expedientes a posteriori, es decir, vistiendo el muñeco como se suele decir», resaltó en este sentido Valle.

«Así que -añadió- lo que queremos es tener al menos los papeles en la mano para tener la posibilidad de defendernos».

«Muy disgustados»

Toda iniciativa es poca para ganar la batalla contra las actuaciones del Ayuntamiento, ya que se encuentran «muy disgustados», asegura Javier Valle.

Creen que todo es fruto de la improvisación por parte del gobierno municipal, que al no tener elaborada una Relación de Puestos de Trabajo acaba dando «palos de ciego».

Recientemente la delegada de Recursos, Ainhoa Gil, insistió en que las medidas llevadas a cabo se ajustan por completo a la legalidad, algo que por supuesto estos mandos intermedios no comparten en absoluto.

De hecho, reiteran que se les da «un palo en el 40% del sueldo tocando los complementos, que no se deben modificar».

El Ayuntamiento está llevando a cabo una política de rebaja de salarios que incluye también a todo el equipo de gobierno y otros altos cargos, que se bajarán el sueldo entre un 8 y un 10%. La propia alcaldesa se lo reducirá un 10%.