Prevenir la corrupción

L as últimas tramas de corrupción detectadas en España afectan de manera tan directa a los partidos y a las instituciones que éstos no pueden seguir tratando el problema como si fuese una lacra moral inevitable que se escapa a su control. Las formaciones políticas no pueden continuar especulando, sin más, con las informaciones que circulan al respecto, tratando de minimizar sus efectos sobre las propias siglas y esperando que perjudiquen sobre todo al adversario. El caso Gürtel, los procedimientos judiciales abiertos en Baleares, Canarias y en otros lugares de la geografía española, y lo que ya se conoce de la operación Pretoria presenta un panorama que ensombrece la gestión democrática de los recursos públicos. Tanto que obliga al legislador a apurar todas las cautelas normativas que puedan establecerse para prevenir el cohecho; como obliga a cada formación política a establecer mecanismos de alerta que, más allá de los códigos de conducta al uso, impidan que pasen desapercibidos los comportamientos sospechosos de connivencia con intereses espurios. Las últimas denuncias de corrupción han desbordado hasta tal punto el vaso de la dignidad democrática que los responsables partidarios e institucionales no pueden continuar haciéndose los ingenuos o los sorprendidos, porque conocen perfectamente dónde se encuentran las fisuras administrativas de las que se aprovechan los corruptores y los corrompidos: las arbitrarias recalificaciones de suelo, la sistemática segmentación de los contratos, la concesión de servicios mediante concursos pactados, el incremento injustificado del presupuesto inicial de una determinada obra, o la opacidad de redes empresariales ficticias o diseñadas para cada ocasión. La casuística revelada por los distintos sumarios sobre corrupción permite señalar hacia dónde ha de extremarse la vigilancia de partidos e instituciones. Vigilancia que cuenta con órganos, como los tribunales de cuentas o las defensorías, a los que partidos e instituciones han de hacer más caso. Aunque plantea una cuestión sumamente delicada, cual es la de la supervisión de las actuaciones municipales. Las evidencias de que la autonomía local es utilizada en provecho de intereses particulares resultan tan abrumadoras que los propios ayuntamientos deberían ser los primeros en solicitar una fiscalización más eficiente de su proceder.