La corrupción no distingue siglas ni territorios

La corrupción no distingue de banderas políticas ni de territorios. El fenómeno, en mayor o menor medida, alcanza a todos los partidos y todas las comunidades. Esta universalidad no implica, sin embargo, una generalización del delito. La corrupción afecta a una porción muy menor de los municipios en los más de 8.112 consistorios apenas hay unos 250 procesos judiciales abiertos por estas prácticas, el 3% del total, y sólo un puñado de los miles de cargos públicos y dirigentes está implicado. Pero la repercusión es notoria, mayor de lo que correspondería a su número, porque en un contexto de crisis la sensibilidad social hacia el enriquecimiento rápido, fácil e ilícito es mucho mayor.

«Chorizos, mangantes, ladrones». Los epítetos suenan como disparos de metralleta en las conversaciones de cualquier punto del país sobre las últimas fechorías. Pero España no tiene una corrupción rampante, aunque la sensación contraria tenga una honda raigambre. El informe de la organización Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción en 2008 sitúa a España en el puesto 28 del mundo. Una zona templada, más cerca de la excelencia que de la podredumbre.

La impresión de que ahora hay más que antes tiene una explicación que puede parecer paradójica: se persigue más y, por tanto, se sabe más. La Fiscalía Anticorrupción condujo a los tribunales 246 causas por estas prácticas en 2008, un aumento apreciable frente a las 194 del año anterior. La Memoria del Ministerio Público recoge también que el año pasado se duplicaron las investigaciones sobre denuncias de actuaciones corruptas. Las fuerzas de seguridad, a su vez, han reforzado sus plantillas especializadas en este tipo de delitos. El impacto mediático de estas informaciones, plagadas de aspectos morbosos las más de las veces, aviva la alarma social. Ocurre algo parecido a lo que pasa con los episodios de violencia de género, no hay más que antes, hay menos, pero ahora trascienden a las cuatro paredes del domicilio.

La mejoría de los medios en la lucha anticorrupción ha demostrado ser, sin embargo, insuficiente. Así lo reconocen fuerzas políticas, jueces y fiscales. Las penas por estos delitos rara vez superan los cinco años de prisión, e incluso se solventan con simples multas. Por ejemplo, la vulneración de la ley de financiación de partidos, uno de los motores del fenómeno, está penado con una sanción pecuniaria equivalente al doble de lo ingresado de forma irregular. No hay cárcel.

Los controles de la Administración tampoco son los mejores. El Tribunal de Cuentas, organismo fiscalizador de las contabilidades de la Administración y los partidos, no tiene facultades penales, sólo administrativas, y audita lo que le presentan, no puede evaluar lo que se esconde en cuentas b o depósitos opacos.

El impacto de los casos Gürtel y Pretoria ha actuado de catalizador para buscar freno a esta situación. El Congreso aprobó esta semana una moción que insta al Gobierno a endurecer los castigos y reforzar los organismos de fiscalización. El Ejecutivo, a su vez, aprobará dentro dos semanas una batería de reformas en el Código Penal en esa misma dirección.

La corrupción, pese a despertar las iras sociales, no tiene, en el fondo, mala prensa entre la población. Entre los problemas de los españoles que se reflejan en las encuestas del CIS figura en un lugar irrelevante, y en el último sondeo, el de septiembre, apenas el 1,4% de los consultados dice que es uno de los principales males de España. Se asocia a la picaresca, al listillo de turno y se considera parte de la idiosincrasia nacional. El binomio concejal y constructor está instalado en el imaginario colectivo con la misma normalidad que la pareja de la Guardia Civil. La máxima del «todos roban» contribuye a una inexplicable permisividad social; el «se veía venir» que comentaban en Santa Coloma durante la detención de su alcalde se ha repetido antes muchas veces en otros puntos de España.

Pero la corrupción de estos últimos años presenta rasgos distintos a la de los ochenta y noventa. El componente romántico que podían tener el caso Filesa o Naseiro, urdidos para financiar al PSOE y el PP, se ha perdido en favor de unas corruptelas sin duda más prosaicas, cuya única finalidad es casi siempre engordar los bolsillos de los implicados.

Han cambiado menos las formas. El tejemaneje inmobiliario fue la principal fuente de corruptelas antes y ahora. El boom urbanístico y la bonanza económica de los últimos años alimentó las recalificaciones de suelo, la concesión de licencias y la adjudicación de obras. De hecho, buena parte de los casos que se investigan datan de los últimos diez años, cuando la burbuja estaba en su apogeo. La reforma de la Ley del Suelo de 1998 también abonó el terreno a las malas prácticas puesto que simplificó la regulación urbanística y atribuyó más competencias a los municipios en detrimento de otras administraciones.