Inspección 'pesca' en la alcantarillaEl PA pide dimisiones

La Inspección de Trabajo de Cádiz ha sancionado a la empresa San Fernando UTE, antigua adjudicataria del servicio del alcantarillado, hasta en tres ocasiones tras comprobar las deficiencias en la que los trabajadores desempeñaban su labor. La falta de unas instalaciones adecuadas, la inexistencia de equipos de protección individual, la ausencia de seguridad en el material empleado (trípode, detectores de gases o cables) y que no se procediera a la evaluación de riesgos laborales para la seguridad y salud de los trabajadores en las estaciones de bombeo de El Cerro, Venta de Vargas y San Carlos, ha levantado a la autoridad laboral en contra de la empresa.

Fue la denuncia presentada por la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Cádiz la que ha destapado la inseguridad con la que los operarios del servicio han estado realizando las labores de mantenimiento durante los últimos años. Es por ello que la Inspección requiere a la empresa que adecue la zona, en lo que se refiere a iluminación y retirada de residuos, al tiempo que le insta a que proporcione a sus empleados los equipos adecuados. Unas resoluciones que llegan tarde, pues la UTE (compuesta por Mantenimientos Públicos Locales y Ansareo) cesó la adjudicación para poder defenderse de las acusaciones que investiga la Fiscalía, pero que ponen de relieve nuevas irregularidades que se estaban cometiendo en el servicio y que en este caso ponía en riesgo a los propios trabajadores de la empresa.

Facturas pendientes

Un toque de atención que llega en plena guerra entre el Gobierno local y la oposición ante el juego de baile en la cifras que dependen de las facturas sin consignación presupuestaria. Según el informe de Intervención de la liquidación del presupuesto del año 2008, la cantidad que se le adeuda a los proveedores es de 6.314.129 euros, unos tres millones más de los que manifestó el Ayuntamiento.

Es por ello, que el concejal socialista, Fernando León, ha vuelto a incidir en la mala gestión económica del Consistorio y señaló al respecto que: «la señora Espejo debe dimitir porque le han robado 7,8 millones de la Caja y no se ha dado cuenta, porque le han pasado una doble facturación y no se ha dado cuenta y porque ahora miente con conocimiento de este informe. Un documento que el propio Interventor me ha asegurado que es correcto y que pone en duda en qué se ha gastado el dinero».

León volvió a reclamar la lista de proveedores a los que se les debe dinero para comprobar si los pagos corresponden a trabajos realizados o que finalmente no se llegaron a acometer; un nuevo capítulo que vuelve a dejar tocadas a las cuentas municipales resentidas por la pérdida de 7,8 millones y de la supuesta estafa de los husillos.

El Partido Andalucista (PA) ha respondido duramente las acusaciones realizadas desde la oposición e incluso ha denunciado: «la facilidad con la que López y León calumnian, injurian y acusan a los miembros del Gobierno Municipal y, principalmente, al alcalde. Estos señores llevan años disfrazando la mentira de verdad y utilizando la información en beneficio propio, ocultando datos y creando un clima de confusión absurdo que no se corresponde con la realidad». De esta manera, los andalucistas animan a que se pongan las irregularidades en manos de la Policía y piden dimisiones ante la falta de ética de la oposición.